I. Preliminar. Cuestiones de inconstitucionalidad no contra leyes sino contra la jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada en interés de ley. II. El origen del problema. El proceso a quo que motivó la cuestión de inconstitucionalidad. III. El objeto de la cuestión planteada. La jurisprudencia en interés de ley sobre la prescripción...

I. Preliminar. Cuestiones de inconstitucionalidad no contra leyes sino contra la jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada en interés de ley. II. El origen del problema. El proceso a quo que motivó la cuestión de inconstitucionalidad. III. El objeto de la cuestión planteada. La jurisprudencia en interés de ley sobre la prescripción de las infracciones y sanciones. IV. Posibles objeciones a esa jurisprudencia legal. Críticas y alternativas. V. La posible incontitucionalidad de la jurisprudencia en interés de ley impugnada. VI. Reflexión final.

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I. INTRODUCCIÓN. II. EL ARTÍCULO 128.1 DE LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO. CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. III. COMPLITUD O INTEGRABILIDAD DEL SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE ESCRITOS EN LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO: ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL. III.1. EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA SUPLETORIEDAD LEGAL. III. 2. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL. III.2.A....

I. INTRODUCCIÓN. II. EL ARTÍCULO 128.1 DE LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO. CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. III. COMPLITUD O INTEGRABILIDAD DEL SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE ESCRITOS EN LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO: ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL. III.1. EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA SUPLETORIEDAD LEGAL. III. 2. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL. III.2.A. EL AUTO DE 15 DE OCTUBRE DE 2001. III.2.B. LA SENTENCIA DE 2 DE DICIEMBRE DE 2002.

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I. Las consideraciones iniciales. II. Los servicios municipales mínimos en el origen de la reforma. La modificación del modelo inicialmente previsto en el curso de la elaboración de la Ley. 1. La opción originaria: la prestación de los servicios por las Diputaciones cuando los Municipios no respetan su "coste stándar". 2. La...

I. Las consideraciones iniciales. II. Los servicios municipales mínimos en el origen de la reforma. La modificación del modelo inicialmente previsto en el curso de la elaboración de la Ley. 1. La opción originaria: la prestación de los servicios por las Diputaciones cuando los Municipios no respetan su "coste stándar". 2. La oposición del Consejo de Estado a la regulación propuesta. El Dictamen 567/2013, de 26 de junio. 3. La sustancial transformación del precepto en el Anteproyecto de Ley de 22 de julio de 2013: la atribución a las Diputaciones de la potestad para decidir la prestación de los servicios "por ella misma o la implantación de fórmulas de gestión compartida". 4. Los servicios municipales en el Proyecto de Ley. La tramitación parlamentaria. III. El artículo 26 de la LBRL tras su modificación por la LRAL. Sus muchas carencias y dificultades interpretativas. 1. Las variaciones introducidas en el listado de servicios de prestación obligatoria. 2. La "coordinación" atribuida a las Diputaciones sobre los servicios de los Municipios de menos de 20.000 habitantes. 3. El "coste efectivo" de los servicios públicos, elemento clave del nuevo modelo establecido. La posible retención de sus servicios por los Municipios. IV. Valoración final: la conveniente reforma del precepto.

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I. PRESENTACIÓN EN LA QUE SE DA NOTICIA SUCINTA DE LA PROCLAMACIÓN LEGAL DE LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ Y DE LAS CRÍTICAS Y DIVISIÓN DE OPINIONES QUE SUSCITA. II. SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ, SU NACIMIENTO Y DESTRUCCIÓN. III. DONDE SE DEMUESTRA QUE LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ NO ES IGUAL A PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD Y...

I. PRESENTACIÓN EN LA QUE SE DA NOTICIA SUCINTA DE LA PROCLAMACIÓN LEGAL DE LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ Y DE LAS CRÍTICAS Y DIVISIÓN DE OPINIONES QUE SUSCITA. II. SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ, SU NACIMIENTO Y DESTRUCCIÓN. III. DONDE SE DEMUESTRA QUE LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ NO ES IGUAL A PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD Y QUE SE PUEDE DESTRUIR ÉSTA SIN AFECTAR A AQUÉLLA. IV. QUE TRATA DE LOS LÍMITES ENTRE LOS CASOS EN QUE SÓLO SE AFECTA A LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD Y AQUÉLLOS EN QUE ENTRA EN LIZA LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ. V. EN EL QUE SE EXPLICA QUE LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ AFECTA A LOS CIUDADANOS Y A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PERO NO A LOS JUECES. VI. DE CÓMO LA PRESUNCIÓN NO PREJUZGA LOS CAUCES PARA DECLARAR LA INVALIDEZ PERO SE RELACIONA CON ELLOS. VII. DONDE SE ENFATIZA QUE LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ BENEFICIA INCLUSO A LOS ACTOS NULOS DE PLENO DERECHO Y SE AFIRMA QUE SÓLO CABE NEGARLA ANTE SUPUESTOS DE INEXISTENCIA MATERIAL. VIII. DE LA EXTENSIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ A SÓLO ALGUNOS ACTOS Y A LOS CONTRATOS Y REGLAMENTOS. IX. DONDE APARECE, POR FIN, LA CARGA DE LA IMPUGNACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ. X. EN EL QUE SE DA CUENTA DEL CARÁCTER EXTRAPROCESAL DE LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ DE LOS ACTOS O DE CÓMO ÉSTA NO DESPLIEGA NINGÚN EFECTO EN LOS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS SEGUIDOS PARA RESOLVER SU IMPUGNACIÓN. XI. SOBRE LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ CUANDO HAY IMPUGNACIÓN INDIRECTA Y DEMÁS COSAS QUE SUCEDEN EN TALES CASOS. XII. DE LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ DE ACTOS INVÁLIDOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA UNA PRETENSIÓN, DE LA INVALIDEZ ALEGADA COMO EXCEPCIÓN PROCESAL Y OTRAS COSAS QUE AQUÍ SE VERÁN. XIII. DONDE SE DICE QUE SE CONSIGUE ARMONIZAR LOS CARACTERES DE LA NULIDAD CON LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ. XIV. SOBRE CÓMO NO EXISTE UNA PRESUNCIÓN SIMILAR EN DERECHO PRIVADO PERO SÍ EN LOS ORDENAMIENTOS INTERNOS DE ORGANIZACIONES PRIVADAS Y SE FORMULAN PREGUNTAS QUE, AUNQUE NO LO PAREZCA, SON PERTINENTES. XV. CONCLUSIÓN EN LA QUE SE RECHAZAN LAS CRÍTICAS Y SE ENSALZA LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ.

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1. Necesidad de un nuevo análisis de la recepciónadministrativa de las inhabilitaciones penales. 2. Lasinhabilitaciones penales en la Ley de Funcionarios Civilesdel Estado de 1964. 3. Las inhabilitaciones penales. 4. Larecepción administrativa de las inhabilitaciones penales. 5.La rehabilitación: un invitado no esperado, pero deconsecuencias...

1. Necesidad de un nuevo análisis de la recepciónadministrativa de las inhabilitaciones penales. 2. Lasinhabilitaciones penales en la Ley de Funcionarios Civilesdel Estado de 1964. 3. Las inhabilitaciones penales. 4. Larecepción administrativa de las inhabilitaciones penales. 5.La rehabilitación: un invitado no esperado, pero deconsecuencias insospechadas. 6. Conclusión.

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I. Introducción. II. La novedad incorporada por la Ley 40/2015. III. Los parámetros derivados del Derecho comunitario. IV. Una cuestión previa relevante: la naturaleza jurídica de las prohibiciones de contratar. V. Ámbito objetivo de aplicación. VI. Personas sujetas a la prohibición de contratar. VII. El procedimiento dirigido a hacer...

I. Introducción. II. La novedad incorporada por la Ley 40/2015. III. Los parámetros derivados del Derecho comunitario. IV. Una cuestión previa relevante: la naturaleza jurídica de las prohibiciones de contratar. V. Ámbito objetivo de aplicación. VI. Personas sujetas a la prohibición de contratar. VII. El procedimiento dirigido a hacer efectiva la prohibición de contratar. VIII. La duración de la prohibición de contratar y su cómputo. Prescripción. Ámbito territorial de la prohibición de contratar. X. Eficacia de la prohibición de contratar. Cómputo del plazo de duración. XI. El derecho de la empresa sancionada a evitar la prohibición de contratar mediante la aplicación de medidas correctivas. XII. Bibliografía.

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Introducción. I. Antecedentes. 1. Regulación europea (la Directiva Bolkenstein). 2. Regulación nacional (la Ley Paraguas y la Ley Ómnibus). 3. La interpretación jurisprudencial española. II. Sentencia del TJUE de 8 de junio de 2023. 1. La necesidad de obtención de una segunda autorización autonómica para la prestación del servicio...

Introducción. I. Antecedentes. 1. Regulación europea (la Directiva Bolkenstein). 2. Regulación nacional (la Ley Paraguas y la Ley Ómnibus). 3. La interpretación jurisprudencial española. II. Sentencia del TJUE de 8 de junio de 2023. 1. La necesidad de obtención de una segunda autorización autonómica para la prestación del servicio de VTC. 2. La no conformidad de la regla 1/30 con el Derecho comunitario. III. Los efectos de la sentencia en el sector del taxi y de los VTC. la reacción del legislador español a través del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio. IV. Conclusiones.

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I. Introducción. La novedosa doctrina del Tribunal Constitucional contenida en el voto particular de la Sentencia de 4 de noviembre de 2013 (STC 188/2013). II. Sobre la constitucionalidad de la potestad de ejecución forzosa administrativa. III. La función de la autorización judicial para la entrada domiciliaria. IV. La autorización judicial...

I. Introducción. La novedosa doctrina del Tribunal Constitucional contenida en el voto particular de la Sentencia de 4 de noviembre de 2013 (STC 188/2013). II. Sobre la constitucionalidad de la potestad de ejecución forzosa administrativa. III. La función de la autorización judicial para la entrada domiciliaria. IV. La autorización judicial como garante del domicilio y más allá. El procedimiento de ejecución forzosa de las decisiones administrativas que exigen entrada domiciliaria y su incidencia en otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos. 1. La ponderación de los otros derechos de los propios afectados por la ejecución forzosa. 2. La ponderación de otros derechos y bienes amparados por el Ordenamiento jurídico ajenos a los afectados y favorables a la Administración en el ejercicio de sus potestades. V. La protección de la viviena por el juez como límite al ejercicio de la potestad de ejecución forzosa administrativa. 1. El compromiso de los poderes públicos en la protección del derecho a la vivienda. 2. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. 3. La vinculación del juez a las normas internacionales y europeas protectoras de los Derechos humanos para reforzar la garantía de los Principios Rectores del artículo 53.3 de la Constitución. VI. La protección de la vivienda a través de la necesaria y automática suspensión de la ejecutividad del acto y de la resolución judicial que autoriza la entrada en domicilio.

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I. Introducción. II. La tutela de los consumidores y usuarios en el ordenamiento de las telecomunicaciones. III. Análisis de una problemática concreta. Los servicios telefónicos con tarifación adicional (líneas 903 y 906): 1. Marco jurídico. 2. Problemática: A) La vulneración del derecho a la información. B) El menoscabo del...

I. Introducción. II. La tutela de los consumidores y usuarios en el ordenamiento de las telecomunicaciones. III. Análisis de una problemática concreta. Los servicios telefónicos con tarifación adicional (líneas 903 y 906): 1. Marco jurídico. 2. Problemática: A) La vulneración del derecho a la información. B) El menoscabo del derecho de los consumidores a la protección de sus intereses económicos. 3. La necesidad de control público sobre los servicios de tarifación adicional: A) Intervención administrativa sobre los prestadores de los servicios de suministro de información. La exclusión de su actividad de los servicios de telecomunicaciones. Consecuencias jurídicas. B) Intervención administrativa sobre los operadores telefónicos. C) La atribución de competencias a la Administración de las Telecomunicaciones para resolver controversias en materia de consumo. IV. Conclusión.

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I. Introducción. II. Las reformas normativas planteadas por el RDL 16/2012 que afectan al Derecho de autodeterminación informativa. III. Una breve referencia al régimen jurídico de la protección de los datos tributarios. IV. La aplicación de la LOPD al supuesto previsto en el RDL 16/2012. IV.1. La consideración de la manipulación de...

I. Introducción. II. Las reformas normativas planteadas por el RDL 16/2012 que afectan al Derecho de autodeterminación informativa. III. Una breve referencia al régimen jurídico de la protección de los datos tributarios. IV. La aplicación de la LOPD al supuesto previsto en el RDL 16/2012. IV.1. La consideración de la manipulación de datos prevista en el RDL 16/2012. IV.1. La consideración de la manipulación de datos prevista en el RDL 16/2012 a la luz de la LOPD. IV.2. La aplicación de la LOPD en los tratamientos previstos en el RDL 16/2012. A. La necesidad de crear y modificar los distintos ficheros afectados por las reformas planteadas en el RDL. B. La necesidad de respetar los principios que determinan la calidad de los datos, el consentimiento y la información. V. Conclusiones.

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I. INTRODUCCIÓN. EL PAISAJE COMO OBJETO DE PROTECCIÓN JURÍDICA AMBIENTAL. II. EL MARCO INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL PAISAJE. PRINCIPALES INSTRUMENTOS. III. EL RECONOCIMIENTO DE UN INTERÉS COLECTIVO A LA PRESERVACIÓN DEL PAISAJE POR LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: LAS SENTENCIAS DE LOS CASOS...

I. INTRODUCCIÓN. EL PAISAJE COMO OBJETO DE PROTECCIÓN JURÍDICA AMBIENTAL. II. EL MARCO INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL PAISAJE. PRINCIPALES INSTRUMENTOS. III. EL RECONOCIMIENTO DE UN INTERÉS COLECTIVO A LA PRESERVACIÓN DEL PAISAJE POR LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: LAS SENTENCIAS DE LOS CASOS BUCKLEY CONTRA REINO UNIDO, COSTER CONTRA EL REINO UNIDO Y OTRAS. IV. EL CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE COMO INSTRUMENTO PARA POTENCIAR LA PROTECCIÓN, GESTIÓN Y ORDENACIÓN INTEGRAL DEL MISMO. V. LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL.

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I. El compliance: concepto y evolución. II. El compliance en las Directivas europeas sobre contratación pública. III. La incorporación del compliance a la legislación española en materia de contratación pública. IV. La proyección del "compliance" en el ámbito del Derecho urbanístico. 1. Planeamiento. 2. Ejecución. 3....

I. El compliance: concepto y evolución. II. El compliance en las Directivas europeas sobre contratación pública. III. La incorporación del compliance a la legislación española en materia de contratación pública. IV. La proyección del "compliance" en el ámbito del Derecho urbanístico. 1. Planeamiento. 2. Ejecución. 3. Disciplina urbanística. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

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1. Aspectos generales. 1.1. La naturaleza del proceso contencioso-administrativo y la prueba. 1.2. La relación entre el proceso contencioso-administrativo y el procedimiento administrativo previo. 1.3. Normas aplicables: la Ley de Enjuiciamiento Civil como norma supletoria. 2. Principios relativos a la aportación de hechos y pruebas al proceso....

1. Aspectos generales. 1.1. La naturaleza del proceso contencioso-administrativo y la prueba. 1.2. La relación entre el proceso contencioso-administrativo y el procedimiento administrativo previo. 1.3. Normas aplicables: la Ley de Enjuiciamiento Civil como norma supletoria. 2. Principios relativos a la aportación de hechos y pruebas al proceso. 2.1. Principios de aportación de parte e inquisitivo. 2.2. Facultades del juez contencioso-administrativo de aportación de hechos y pruebas. 3. Carga de la prueba. 3.1. Aspectos generales. 3.2. Distribución en el proceso contencioso-administrativo. 4. Medios de prueba. 4.1. Generalidades. 4.2. Los medios de prueba en particular. 5. Valoración de la prueba. 5.1. Libre valoración. 5.2. Trámite de valoración por las partes. 6. Procedimiento probatorio. 6.1. Introducción. El derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. 6.2. Recibimiento a prueba. 6.3. Proposición y admisión de la prueba. 6.4. Práctica de la prueba. Bibliografía citada.

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