Las Entidades Locales han sufrido durante los últimos años el duro envite de las sucesivas reformas de las leyes administrativas. El último empujón ha sido la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPCAP) y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), que se presentan como una «reforma integral de la organización y funcionamiento de las Administraciones articulada en dos ejes fundamentales: la ordenación de las relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, y la regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas» (exposición de motivos de la LRJSP). Es necesario, por tanto, analizar cuál va a ser la repercusión que van a tener sobre la organización de las Corporaciones Locales.

En cualquier caso, puede adelantarse que el impacto no va a ser tan profundo como se anuncia, puesto que ambas leyes reproducen el modelo de Administración Pública que ya existía, un modelo concebido básicamente para ejercer potestades administrativas y defender su ámbito de atribuciones, y que no ha sido suficientemente flexible como para dar respuesta a las exigencias del Estado actual.

En esta monografía se analiza el contenido de la LRJSP, se comprueba que en esencia viene a refundir los contenidos organizativos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), y de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), incorporando algunas previsiones de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (LAE).