
Entrevista a Joaquín Meseguer Yebra
Sistema de incompatibilidades de los empleados públicos locales.
D. Joaquin Meseguer Yebra es Funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de Castilla y León. Tras formar parte de la plantilla que puso en marcha el Consejo Consultivo de esta Comunidad, pasó a prestar servicios en la Universidad Autónoma de Madrid como Vicegerente de Recursos Humanos y Organización y, posteriormente, como Vicesecretario General. En 2008 comienza a trabajar en el Ayuntamiento de Madrid, Administración en la que ha ejercido como Inspector General de Servicios y Subdirector General de Transparencia. En agosto de 2019 fue nombrado Director General de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Castilla y León, cargo en el que cesa en noviembre de 2021 para reincorporarse al Ayuntamiento de Madrid como consejero técnico en el proyecto de Madrid Talento. Es Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española desde 2014 y posee el Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Constitucional (Universidad de Valladolid). En el ámbito de la transparencia ha liderado proyectos que han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales. Actualmente coordina el Grupo de Trabajo de transparencia y acceso a la información pública de la Red FEMP, es secretario ejecutivo del capítulo español de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional y experto del Foro de Gobierno Abierto de España. Es experto y docente, además de en transparencia, en técnica legislativa, régimen de incompatibilidades y conflictos de interés de personal al servicio de la administración y altos cargos, régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo. Autor de varios artículos, capítulos de obras colectivas y monografías sobre diversas materias, entre otras, de transparencia. Como ponente y formador ha intervenido en alrededor de siete centenares de jornadas, seminarios y congresos y colabora habitualmente con medios de comunicación.
Hablar del sistema de incompatibilidades de los empleados públicos con carácter general es hablar de un tema áspero, delicado, controvertido y al que nadie, tanto los que se encuentran en una posición o en otra respecto a este tema, como sujeto decisor o como sujeto receptor, les es en cierta medida incomodo. Dicho esto, y vinculándolo a la vez con la ética pública, temática que ha adquirido un gran valor y cada vez más, afortunadamente. ¿En qué situación ves actualmente el sistema de incompatibilidades del sector público y en especial en el ámbito local?
Gracias por esta pregunta. Algunos pensarán cuando lean esta entrevista que soy el “martillo pilón” obsesivo que clama y reclama por una nueva normativa en este ámbito. El abismo que existe entre la normativa actual, con más de 40 años de edad, y la realidad nuestra actual, demanda con urgencia un nuevo régimen que se acomode a la nueva función pública y, también, a las nuevas demandas sociales de ética en el sector público. Yo creo que, además de resultar una materia incómoda porque exige un posicionamiento ante los demás en la forma de entender la imparcialidad e independencia de los empleados públicos, la complejidad de esta norma escueta y obsoleta no ayuda nada a una buena gestión en este ámbito. Esto que puede afirmarse a nivel general, puede predicarse aún con mayor intensidad en el mundo local, donde tenemos a más de 8.000 entidades locales aplicando la misma norma de 8.000 formas distintas también
El régimen jurídico regulador del sistema de incompatibilidades, básico y común a todas las Administraciones Publicas y por lo tanto también a la Administración Local, tiene ya 40 años de existencia y es evidente que necesita reformarse y adaptarse a la coyuntura actual y al futuro del empleo público. Desde tu punto de vista, como experto en la materia, ¿cuales serían esas reformas o esas incorporaciones en mejora de su regulación?.
Creo sinceramente que los topes cuantitativos previstos en la ley no tienen sentido alguno (sumas de retribuciones, cálculos sobre porcentajes, etc.). Es cierto que facilitan la gestión porque basta con echar mano de la calculadora y hacer bien la cuenta, pero en nada ayudan a prevenir las situaciones de conflicto de intereses reales o potenciales que se dan en la administración. A esto hay que darle una vuelta importante. Por otro lado, tampoco me gusta este sistema a la carta de que cualquiera renunciando a parte de sus retribuciones pueda ya realizar actividades privadas sin problema alguno. Ni tampoco la falta de control sobre aquellos que, pasando a situación de excedencia voluntaria, no sabemos el provecho que en el ámbito privado están dado al caudal de información y contactos obtenido durante su ejercicio profesional en el ámbito público. Me temo que tenemos que dar un enfoque radicalmente diferente al actual en la futura normativa.
El abismo que existe entre la normativa actual, con más de 40 años de edad, y la realidad nuestra actual, demanda con urgencia un nuevo régimen que se acomode a la nueva función pública y, también, a las nuevas demandas sociales de ética en el sector público
Uno de los aspectos más importantes para llegar a ser efectiva y eficiente cualquier regulación jurídica, sea la materia que sea, es velar por su cumplimiento a través de su seguimiento y control y sobre este aspecto, en el sistema de incompatibilidades en concreto del sector público, hay mucho que decir y ha adolecido de importante dejadez con repercusiones de relevante trascendencia. ¿Cuáles consideras que deberían ser las medidas más eficaces para que el sistema de incompatibilidades cumpla su misión real?
Necesitamos una regulación más detallada y actualizada. Una regulación que, además, se entienda. La actual es tan compleja y se ha “parcheado” tanto a lo largo del tiempo, que solo los estudiosos del tema la “medio-entendemos”. El espacio para la interpretación siempre es necesario en cualquier normativa, incluso en las mejores, pero tenemos que conseguir que los criterios de gestión sean públicos y conocidos, y coherentes. Y luego necesitamos un seguimiento de la ejecución o cumplimiento de las resoluciones. Creo que salvo que exista una denuncia y no en todos casos, las administraciones prácticamente no hacen nada por asegurarse de que sus empleados cumplen con esta normativa.
El sistema de incompatibilidades del sector público hasta ahora establecido, tiene tus diferenciaciones con el sector privado y es el mismo para todas las Administraciones públicas por su condición de básica y común, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias peculiaridades y especialmente la Administración Local. ¿Consideras que debería seguir manteniendo el sector público esas diferenciaciones? Y ¿debería tener el sector público local una legislación propia en materia de incompatibilidades?
Evidentemente el sector público tiene sus peculiaridades por razón de los intereses y recursos que gestiona, que son públicos. En eso no tengo dudas: debe haber un régimen específico para los que trabajamos en el sector público. Pero creo que no debe haber grandes diferencias entre administraciones a la hora de establecer este régimen. Sí, quizá, son razonables algunas peculiaridades por sectores o ámbitos de actuación: sanidad, fuerzas y cuerpos de seguridad, universidad e investigación, etc. Ya las hay ahora y creo que es razonable que existan, aunque es necesario mayor claridad. Pero no veo que el tipo de administración sea un criterio necesario para tener normativas diferentes.
Vuestro esfuerzo y compromiso para que esta normativa se conozca y, mejor aún, se entienda, es encomiable.
Por ultimo y agradeciendo tu colaboración, en dar a conocer un poco más esta materia, en cierta medida olvidada, pero sin embargo de transcendental importancia para el empleo público local, nos gustaría que nos dieses tu opinión sobre la formación, publicaciones, documentación e investigación, que, en materia de sistema de incompatibilidades aplicable a ámbito local, realiza el CEMCI y su papel en apoyo de las Entidades Locales. Muchas gracias.
Pues mirad, sois de los pocos organismos públicos que le dais importancia a esta materia, que en muchos casos navega a la deriva según criterio de quien lo tome o, directamente, sin criterio. Vuestro esfuerzo y compromiso para que esta normativa se conozca y, mejor aún, se entienda, es encomiable. Así que no puedo por más que felicitaros y animaros a seguir con este empeño formativo y divulgativo
Entrevista realizada por Alicia Solana Pérez, Directora del CEMCI, el 18 de marzo de 2025.