I. EL SUPUESTO DE HECHO. 1. LA DISPOSICIÓN IMPUGNADA. 2. EL RECURSO EN LA INSTANCIA ANTE EL TSJ DE NAVARRA. 3. EL RECURSO DE CASACIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO. II. ¿ES COMPETENTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA PARA ENJUICIAR PLANES APROBADOS POR LOS PARLAMENTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS?. 1. PLANEAMIENTO. 2. EL ARGUMENTO...

I. EL SUPUESTO DE HECHO. 1. LA DISPOSICIÓN IMPUGNADA. 2. EL RECURSO EN LA INSTANCIA ANTE EL TSJ DE NAVARRA. 3. EL RECURSO DE CASACIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO. II. ¿ES COMPETENTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA PARA ENJUICIAR PLANES APROBADOS POR LOS PARLAMENTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS?. 1. PLANEAMIENTO. 2. EL ARGUMENTO RELATIVO A QUE LA PARTE DEL PLAN ANULADA ES AJENA AL CONTENIDO TÍPICO NECESARIO DE LOS PLANES GESTORES DE RESIDUOS ESPECIALES. 3. EL ARGUMENTO RELATIVO A QUE EL PARLAMENTO DE NAVARRA NO MODIFICÓ EL PLAN QUE LE REMITIÓ EL GOBIERNO AUTÓNOMO. III. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS A MENOS DE 2.000 METROS DE VARIOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN. 1. PLANTEAMIENTO DEL MOTIVO. 2. ESTIMACIÓN DEL MOTIVO. IV. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: LOCALIZACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SIN EL PREVIO SOMETIMIENTO A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 1. PLANTEAMIENTO DEL MOTIVO. 2. ESTIMACIÓN DEL MOTIVO. V. EPÍLOGO.

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1. Cuestiones preliminares. 2. El marco constitucional de reparto competencial y la integración de España a la Comunidad Europea. 3. Las Comunidades Autónomas y la aplicación del Derecho Comunitario Europeo. 3.1. El principio de autonomía institucional. 3.2. La Competenciaìde las Comunidades Autónomas en la ejecución del Derecho Comunitario....

1. Cuestiones preliminares. 2. El marco constitucional de reparto competencial y la integración de España a la Comunidad Europea. 3. Las Comunidades Autónomas y la aplicación del Derecho Comunitario Europeo. 3.1. El principio de autonomía institucional. 3.2. La Competenciaìde las Comunidades Autónomas en la ejecución del Derecho Comunitario. 4. Conclusión.

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I. INTRODUCCIÓN. II. EL AGENTE URBANIZADOR Y LA LEY DE CONTRATOS. III. NATURALEZA CONTRACTUAL DE LA RELACIÓN AGENTE URBANIZADOR-ADMINISTRACIÓN. IV. LA STJCE 12 DE JULIO DE 2001. V. LA STSJ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE 1 DE OCTUBRE DE 2002: 1. ANTECEDENTES. 2. LA ANTINOMIA INSALVABLE DE LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA VERSUS CONTRACTUAL. 3....

I. INTRODUCCIÓN. II. EL AGENTE URBANIZADOR Y LA LEY DE CONTRATOS. III. NATURALEZA CONTRACTUAL DE LA RELACIÓN AGENTE URBANIZADOR-ADMINISTRACIÓN. IV. LA STJCE 12 DE JULIO DE 2001. V. LA STSJ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE 1 DE OCTUBRE DE 2002: 1. ANTECEDENTES. 2. LA ANTINOMIA INSALVABLE DE LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA VERSUS CONTRACTUAL. 3. CARACTERIZACIÓN DEL URBANIZADOR. 4. CONCLUSIONES.

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I. El escrito de preparación del recurso de casación ordinario en la LJCA de 1998. II. La progresiva intensificación de las exigencias jurisprudenciales sobre el escrito de preparación. III. El paso que parecía final dado por el Auto del TS de 10 de febrero de 2011. IV. La reforma de la reforma. V. La aplicación retroactiva de la nueva...

I. El escrito de preparación del recurso de casación ordinario en la LJCA de 1998. II. La progresiva intensificación de las exigencias jurisprudenciales sobre el escrito de preparación. III. El paso que parecía final dado por el Auto del TS de 10 de febrero de 2011. IV. La reforma de la reforma. V. La aplicación retroactiva de la nueva doctrina sobre el escrito de preparación a los recursos de casación que han sido preparados cumpliendo todos los requisitos exigidos por la anterior jurisprudencia. VI. Epílogo.

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I. Introducción. II. La STJUE de 9 de septiembre de 2021 (C-294/20). Los hechos del litigio principal. III. La admisibilidad de la cuestión prejudicial: vinculación de los órganos jurisdiccionales que no resuelven en última instancia por las valoraciones efectuadas por el órgano jurisdiccional superior. IV. La presentación de documentos...

I. Introducción. II. La STJUE de 9 de septiembre de 2021 (C-294/20). Los hechos del litigio principal. III. La admisibilidad de la cuestión prejudicial: vinculación de los órganos jurisdiccionales que no resuelven en última instancia por las valoraciones efectuadas por el órgano jurisdiccional superior. IV. La presentación de documentos justificativos fuera de los plazos señalados: la respuesta a las cuestiones prejudiciales primera y tercera. V. El abuso del derecho: la respuesta a la segunda cuestión prejudicial. VI. Consideraciones finales.

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I. El supuesto de hecho de la STS de 2 de diciembre de 2008. II. ¿Cómo se alega en un recurso de casación la indebida denegación de la práctica de pruebas en la instancia?. 1. El motivo previsto en el segundo inciso del art. 88.1.c) de la LJCA. 2. Es necesario justificar la indefensión que la denegación de la práctica de las pruebas...

I. El supuesto de hecho de la STS de 2 de diciembre de 2008. II. ¿Cómo se alega en un recurso de casación la indebida denegación de la práctica de pruebas en la instancia?. 1. El motivo previsto en el segundo inciso del art. 88.1.c) de la LJCA. 2. Es necesario justificar la indefensión que la denegación de la práctica de las pruebas ha causado a la parte que las solicitó. 3. Es necesario haber interpuesto recurso de súplica contra la providencia denegatoria de la práctica de las pruebas en la instancia. 4. Si existiese trámite de conclusiones, es discutible si la parte ha de reiterar en él la necesidad de practicar la prueba solicitada. 5. Es necesaria la expresión del motivo en el escrito de interposición y muy aconsejable citarlo también en el de preparación. III. La indebida inadmisión por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias de la prueba pericial propuesta. IV. Las diferencias sobre la prueba pericial entre la LJCA de 1998 y la LEC de 2000. 1. La prueba pericial en la LJCA de 1998 sigue el sistema de la LEC de 1881. 2. El cambio radical de la prueba pericial en la LEC de 2000. 3. La situación de la prueba pericial en el proceso contencioso-administrativo después de la LEC DE 2000. V. Efectos de las sentencias dictadas en recursos de casación que aprecian la existencia de este tipo de infracciones procesales. VI. Epílogo.

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I. Introducción. II. Documentación revisada. III. Normativa aplicable. IV. Principales argumentos de defensa de los operadores de telefonía móvil. 1. La Sentencia del TJUE de 12 de julio de 2012. 2. Incompatibilidad de Tasas. Tasa general vs Tasa especial. 3. Impugnación de la metodología de cuantificación de la tasa. 4. Las tasas por...

I. Introducción. II. Documentación revisada. III. Normativa aplicable. IV. Principales argumentos de defensa de los operadores de telefonía móvil. 1. La Sentencia del TJUE de 12 de julio de 2012. 2. Incompatibilidad de Tasas. Tasa general vs Tasa especial. 3. Impugnación de la metodología de cuantificación de la tasa. 4. Las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a favor de las empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil son discriminatorias y desproporcionadas. V. Consideraciones a las reacciones de los distintos Ayuntamientos tras la sentencia del TJUE. La no procedencia de nuevas cuestiones prejudiciales. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

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I. EL PRINCIPIO DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN. II. RESOLUCIONES JUDICIALES SOBRE EL DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN. 1. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN ESTIMA ADECUADO EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE UN MUNICIPIO A OTRO CUANDO LAS NECESIDADES DEL SERVICIO LO REQUIERAN CON INDEPENDENCIA DE SU CUALIDAD SINDICAL. 2. CONSAGRA EL PRINCIPIO...

I. EL PRINCIPIO DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN. II. RESOLUCIONES JUDICIALES SOBRE EL DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN. 1. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN ESTIMA ADECUADO EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE UN MUNICIPIO A OTRO CUANDO LAS NECESIDADES DEL SERVICIO LO REQUIERAN CON INDEPENDENCIA DE SU CUALIDAD SINDICAL. 2. CONSAGRA EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN LA CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES. 3. LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN POR INCIDENCIA DEL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN QUE CONSAGRA LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEL INCULPADO. 4. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA OBLIGA QUE CUALQUIER RESTRICCIÓN DE DERECHOS DE DEFENSA SE ENCUENTREN SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADOS. 5. PRINCIPIO DE BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DIGNIDAD DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO. 6. DERECHO A LA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES ESTÁ MATIZADO POR EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DE LAS PARTES. 7. LA AUSENCIA DE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE JUSTIFIQUEN LA FALTA DE AUDIENCIA DEL DEMANDANTE, SIENDO ÉSTA BENEFICIOSA PARA LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CAUSA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. 8. LA INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MÁS ALLÁ DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS CONSTITUYE UNA LESIÓN AL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN. 9. PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN PROTECTOR DE LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS: DILACIONES INDEBIDAS E INFRACCIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA. 10. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN COMPRENDE DERECHO DE DEFENSA, LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA PROSCRIPCIÓN DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE MANERA EXCESIVAMENTE EXTEMPORÁNEA Y ADOPTAR UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA SIN ESPERAR A LA RESOLUCIÓN FIRME DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PENAL. 11. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN OBLIGA A LA ADMINISTRACIÓN A UNA AGILIDAD PROCEDIMENTAL EN LA INVESTIGACIÓN DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES DISCIPLINARIAS, VIOLANDO DICHO PRINCIPIO ACTUACIONES DISCIPLINARIAS DILATADAS EN EL TIEMPO QUE CAUSAN DAÑO MORAL. 12. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMPRENDE LA APLICACIÓN RIGUROSA DEL PRINCIPIO DE CARGA DE LA PRUEBA. 13. ANTENTAN AL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN QUE LAS DECISIONES O ACUERDOS ADMINISTRATIVOS NO HAYAN SIDO ADOPTADOS DENTRO DE DETERMINADOS LÍMITES TEMPORALES COMO LA PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA. 14. ES UNA EXIGENCIA DEL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN FACILITAR TODAS LAS INFORMACIONES PERTINENTES A LA OTRA PARTE ACTUANTE EN EL PROCEDIMIENTO. 15. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN OBLIGA A LA ADMINISTRACIÓN A TRATAR CON DIGNIDAD A LOS ADMINISTRADOS RESPETAR SU REPUTACIÓN. 16. OBJETIVIDAD EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. 17. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN PROSCRIBE LA ARBITRARIEDAD EN LA ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS.

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I. El supuesto de hecho de la STS de 3 de febrero de 2009. II. La inexistencia de fase probatoria en el recurso de casación. 1. La existencia de fase probatoria en el recurso de apelación. 2. La inexistencia de fase probatoria en el recurso de casación. 3. Cuando en un recurso de casación se estiman cuestiones referentes a la prueba, las...

I. El supuesto de hecho de la STS de 3 de febrero de 2009. II. La inexistencia de fase probatoria en el recurso de casación. 1. La existencia de fase probatoria en el recurso de apelación. 2. La inexistencia de fase probatoria en el recurso de casación. 3. Cuando en un recurso de casación se estiman cuestiones referentes a la prueba, las mismas no se ventilan ante el TS, sino que se reponen las actuaciones para que sean practicadas ante el Tribunal de instancia. III. En el recurso de casación tampoco puede solicitarse la adopción de medidas cautelares. IV. La caducidad de los procedimientos administrativos. 1. La caducidad de los procedimientos en general. 2. La caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados. 3. La caducidad de los procedimientos iniciados de oficio. 4. Pero ¿cuándo estamos ante un procedimiento iniciado a solicitud de los interesados o ante un procedimiento iniciado de oficio?. 5. Los efectos de la caducidad. 6. La caducidad en los procedimientos tributarios. V. Epílogo.

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