I. EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN. II. RESPUESTA INTERNACIONAL A LA CORRUPCIÓN. III. INICIATIVAS DE LEGE FERENDA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 1. Proposición de Ley orgánica para la lucha contra la corrupción de 3 de febrero de 2010. 2. Proposición de Ley orgánica de principios y medidas contra la corrupción y por la transparencia...

I. EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN. II. RESPUESTA INTERNACIONAL A LA CORRUPCIÓN. III. INICIATIVAS DE LEGE FERENDA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 1. Proposición de Ley orgánica para la lucha contra la corrupción de 3 de febrero de 2010. 2. Proposición de Ley orgánica de principios y medidas contra la corrupción y por la transparencia en la gestión pública de 7 de abril de 2011. 3. Proposición de ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de 28 de junio de 2011. IV. PROPUESTAS PARA UNA NUEVA CULTURA DE INTEGRIDAD. 1. Pacto de Estado de lucha contra la corrupción 2. Tramitación urgente de una Ley de Transparencia y de acceso a la información pública. 3. Implementación de un Portal Electrónico Integral de Transparencia Pública de aplicación a todo el Sector Público español y con un contenido detallado. 4. Ley de austeridad para todas las Administraciones Públicas y estatuto de los cargos públicos. 5. Tipificar como delito el despilfarro público. 6. Ley de protección del denunciante de prácticas corruptas e ilegales. 7. Instaurar y promover una pedagogía de la cultura de la legalidad y de la integridad a todos los niveles educativos. 8. Registros públicos referidos a todo el sector publico español. 9. Profesionalizar y despolitizar el empleo público con respeto efectivo de los principios de mérito y capacidad, regulación básica del personal directivo profesional y reducción significativa de los nombramientos y ceses discrecionales en la Administración Pública. 10. Despolitizar determinados órganos constitucionales y estatutarios, como el Fiscal General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas. V. BIBLIOGRAFÍA.

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I. INTRODUCCIÓN. 1. LA RED ESTÁ CAMBIANDO EL MUNDO. II. GRUPO NORMATIVO REGULADOR: 1. CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS. 2. SERVICIOS POR VÍA ELECTRÓNICA. III. CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS DE TELEMEDICINA COMO UN SERVICIO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: 1. CENTRO SANITARIO. 2. ESTABLECIMIENTO DE TELEMEDICINA. 3. SERVICIOS DE LA SOCIEDAD...

I. INTRODUCCIÓN. 1. LA RED ESTÁ CAMBIANDO EL MUNDO. II. GRUPO NORMATIVO REGULADOR: 1. CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS. 2. SERVICIOS POR VÍA ELECTRÓNICA. III. CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS DE TELEMEDICINA COMO UN SERVICIO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: 1. CENTRO SANITARIO. 2. ESTABLECIMIENTO DE TELEMEDICINA. 3. SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 4. CONCLUSIÓN. IV. CLASES: 1. TELEMEDICINA ESTÁTICA Y TELEMEDICINA INTERACTIVA. 2. TELEASISTENCIA.

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I. Centrando el objeto de este estudio. II. Administración pública, Derecho administrativo y Gestión pública: algunas observaciones previas. III. La imbricación de "lo público" y "lo privado" a través de Derecho. IV. Las nuevas tendencias: la "Gobernanza y el Derecho". V. El desafío del Derecho administrativo....

I. Centrando el objeto de este estudio. II. Administración pública, Derecho administrativo y Gestión pública: algunas observaciones previas. III. La imbricación de "lo público" y "lo privado" a través de Derecho. IV. Las nuevas tendencias: la "Gobernanza y el Derecho". V. El desafío del Derecho administrativo. VI. Finalmente ...algunos puntos de reflexión: ¿hacia un nuevo paradigma de la Administración y su Derecho?. VII. A modo de conclusión.

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I. INTRODUCCIÓN. II. LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y RÉGIMEN JURÍDICO EN LA ADMISIÓN DE ALUMNOS. 1. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. 2. LEY ORGÁNICA 8/1985, DE 3 DE JULIO (LODE). 3. LEY ORGÁNICA 9/1995, DE 20 DE NOVIEMBRE (LOPEG). 4. DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LODE. 5. RÉGIMEN JURÍDICO VIGENTE: LA LOCE. III. UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD...

I. INTRODUCCIÓN. II. LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y RÉGIMEN JURÍDICO EN LA ADMISIÓN DE ALUMNOS. 1. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. 2. LEY ORGÁNICA 8/1985, DE 3 DE JULIO (LODE). 3. LEY ORGÁNICA 9/1995, DE 20 DE NOVIEMBRE (LOPEG). 4. DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LODE. 5. RÉGIMEN JURÍDICO VIGENTE: LA LOCE. III. UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS Y ENTRE TODOS. IV. DOCTRINA CONSTITUCIONAL Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y ADMISIÓN DE ALUMNOS. V. CONCLUSIONES.

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I. LA SENTENCIA. Procedimiento Administrativo. Medidas cautelares. Confirmación de la anulación de resolución administrativa que acuerda la clausura cautelar de un pub. La decisión para adoptar una medida cautelar de clausura es la eventual pérdida de la eficacia de la resolución administrativa que pudiera poner fin al procedimiento...

I. LA SENTENCIA. Procedimiento Administrativo. Medidas cautelares. Confirmación de la anulación de resolución administrativa que acuerda la clausura cautelar de un pub. La decisión para adoptar una medida cautelar de clausura es la eventual pérdida de la eficacia de la resolución administrativa que pudiera poner fin al procedimiento principal, no quedando acreditada la pérdida de la finalidad del procedimiento, ya que si la misma termina siendo sancionadora, e imponiendo la clausura definitiva o temporal, podrá ser ejecutada una vez firme. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

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I. LA SENTENCIA. EXPROPIACIÓN FORZOSA. ADECUACIÓN A DERECHO DE LA RESOLUCIÓN DEL M.º HACIENDA QUE DESESTIMÓ LA PRETENSIÓN DE NULIDAD DE LOS ACTOS POR LOS QUE SE TRANSMITIERON UNAS FINCAS AL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO ANTES DE LA DECLARACIÓN DE NECESIDAD DE OCUPACIÓN Y DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL....

I. LA SENTENCIA. EXPROPIACIÓN FORZOSA. ADECUACIÓN A DERECHO DE LA RESOLUCIÓN DEL M.º HACIENDA QUE DESESTIMÓ LA PRETENSIÓN DE NULIDAD DE LOS ACTOS POR LOS QUE SE TRANSMITIERON UNAS FINCAS AL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO ANTES DE LA DECLARACIÓN DE NECESIDAD DE OCUPACIÓN Y DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

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I. Planteamiento previo. II. Principios rectores. III. Requisitos generales. 1. Edad. 2. Nacionalidad Española. 3. Capacidad funcional. 4. No haber sido separado del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas. 5. Titulación exigida. IV. Personas con discapacidad. V. Otros supuestos. VI. Adquisición de la condición de funcionario...

I. Planteamiento previo. II. Principios rectores. III. Requisitos generales. 1. Edad. 2. Nacionalidad Española. 3. Capacidad funcional. 4. No haber sido separado del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas. 5. Titulación exigida. IV. Personas con discapacidad. V. Otros supuestos. VI. Adquisición de la condición de funcionario público. 1. Superación del proceso selectivo. 2. Nombramiento. 3. Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico. 4. Toma de posesión. VII. Conclusión.

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I. Tramitación de procedimientos. II. Agilización de los convenios. III. Subvenciones y ayudas financiables con fondos europeos. IV. Procedimientos de contratación. V. Gestión y control presupuestario. VI. Organización y recursos humanos. VII. Proyectos prioritarios. VIII. Modificaciones legislativas. IX. Entrada en vigor y disposiciones...

I. Tramitación de procedimientos. II. Agilización de los convenios. III. Subvenciones y ayudas financiables con fondos europeos. IV. Procedimientos de contratación. V. Gestión y control presupuestario. VI. Organización y recursos humanos. VII. Proyectos prioritarios. VIII. Modificaciones legislativas. IX. Entrada en vigor y disposiciones transitorias.

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I. LA SENTENCIA. URBANISMO. DISCONFORMIDAD A DERECHO DE LA ORDEN MUNICIPAL QUE OBLIGA A LA ENTREGA DE LLAVES DE UNA EDIFICACIÓN DE PROPIEDAD PARTICULAR ENCLAVADA EN LOS TERRENOS DE CESIÓN OBLIGATORIA DESTINADOS A ZONA VERDE EN PROYECTO DE COMPENSACIÓN. OBLIGACIÓN DE LOS PROPIETARIOS DE CEDER EL TERRENO DESTINADO A ZONA VERDE, PERO NO A...

I. LA SENTENCIA. URBANISMO. DISCONFORMIDAD A DERECHO DE LA ORDEN MUNICIPAL QUE OBLIGA A LA ENTREGA DE LLAVES DE UNA EDIFICACIÓN DE PROPIEDAD PARTICULAR ENCLAVADA EN LOS TERRENOS DE CESIÓN OBLIGATORIA DESTINADOS A ZONA VERDE EN PROYECTO DE COMPENSACIÓN. OBLIGACIÓN DE LOS PROPIETARIOS DE CEDER EL TERRENO DESTINADO A ZONA VERDE, PERO NO A CEDER LA EDIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TERRENO. INCORRECTA INTERPRETACIÓN POR EL TRIBUNAL A QUO DE UNA ORDENANZA DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR, VULNERANDO LA LEY ESTATAL QUE SÓLO IMPONE LA CESIÓN OBLIGATORIA DE TERRENOS, NO DE EDIFICACIONES. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

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I. LA SENTENCIA. RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Administración autonómica. Servicio público de carreteras. Procedencia de la indemnización reclamada por un motorista que perdió una pierna en un choque contra las vallas protectoras de la carretera. Existencia de nexo causal. Si bien, respecto de la causa inmediata del...

I. LA SENTENCIA. RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Administración autonómica. Servicio público de carreteras. Procedencia de la indemnización reclamada por un motorista que perdió una pierna en un choque contra las vallas protectoras de la carretera. Existencia de nexo causal. Si bien, respecto de la causa inmediata del accidente, no puede concluirse que aquél se produjo por una mancha de gasóleo en el pavimento, lo cierto es que la concreta y específica lesión padecida por el recurrente no se hubiera producido si los palos de soporte de la valla hubieran sido de un tipo distinto. La caída y el impacto con una valla de otro tipo le hubieran podido ocasionar otras lesiones, como traumatismos diversos, pero difícilmente la amputación de un miembro. En el momento del accidente, la Administración había ya decidido la sustitución de los palos de soporte por barras en C, con la finalidad específica de proteger a los motoristas, pero ello no excluye la responsabilidad administrativa, y pone de manifiesto que la Administración conocía el riesgo inherente a este tipo de biondas. INDEMNIZACIÓN. Concurrencia de culpas, pues el accidente es imputable al recurrente, que conducía la motocicleta, y la existencia de los palos de soporte lo es a la Administración, fijándose en un 40% y un 60% respectivamente. Fijación del quántum indemnizatorio a favor del reclamante en 193.208,55 euros, teniendo en cuenta su edad, así como el lucro cesante por disminución de ingresos en caso de incapacidad permanente, que si bien no es susceptible con arreglo al sistema de valoración de ser resarcido íntegramente, si puede ser compensado proporcionalmente mediante la aplicación del factor de corrección. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

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I. LA SENTENCIA. Responsabilidad patrimonial del Estado. Administración de justicia. Prisión indebida. Fijación de indemnización. Elevación de la indemnización inicialmente concedida por daños y perjuicios causados a un hombre condenado por la comisión de dos delitos de violación que permaneció en prisión durante 13 años hasta...

I. LA SENTENCIA. Responsabilidad patrimonial del Estado. Administración de justicia. Prisión indebida. Fijación de indemnización. Elevación de la indemnización inicialmente concedida por daños y perjuicios causados a un hombre condenado por la comisión de dos delitos de violación que permaneció en prisión durante 13 años hasta que, tras la realización de pruebas de ADN por el avance de la técnica, se comprobó que él no había sido el autor del delito. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

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I. La Sentencia. Responsabilidad de las Administraciones Públicas. Diputaciones Provinciales. Responsabilidad de Diputación Provincial por las irregularidades acaecidas en la gestión de fondos cuando tenía encomendada por el Ministerio de Hacienda la gestión de la recaudación de diversos tributos estatales. Diferencias entre la responsabilidad...

I. La Sentencia. Responsabilidad de las Administraciones Públicas. Diputaciones Provinciales. Responsabilidad de Diputación Provincial por las irregularidades acaecidas en la gestión de fondos cuando tenía encomendada por el Ministerio de Hacienda la gestión de la recaudación de diversos tributos estatales. Diferencias entre la responsabilidad contable y la que surge como consecuencia de la encomienda de gestión del servicio de recaudación. Deber de solvencia. Obligación de reintegrar al Tesoro las cantidades en descubierto. II. Fundamentos de Derecho.

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La sentencia. Funcionarios públicos. Negociación colectiva. Nulidad de Resolución de la AEAT sobre organización y atribución de funciones a la inspección de los tributos en cuanto que incide en las condiciones de trabajo de los técnicos de Hacienda destinados en las unidades y equipos de Inspección, sin que la Administración hubiese...

La sentencia. Funcionarios públicos. Negociación colectiva. Nulidad de Resolución de la AEAT sobre organización y atribución de funciones a la inspección de los tributos en cuanto que incide en las condiciones de trabajo de los técnicos de Hacienda destinados en las unidades y equipos de Inspección, sin que la Administración hubiese realizado ninguna actividad negociadora previa con el sindicato más representativo.

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I. La Sentencia. Recaudación tributaria. Procedimiento de apremio. Denegación de la solicitud de nulidad de providencia de apremio derivada de sanción tributaria por ausencia total del procedimiento, al no haberse emitido certificado de descubierto y por ausencia de la firma del órgano que dicta el apremio. Estos motivos de nulidad debieron...

I. La Sentencia. Recaudación tributaria. Procedimiento de apremio. Denegación de la solicitud de nulidad de providencia de apremio derivada de sanción tributaria por ausencia total del procedimiento, al no haberse emitido certificado de descubierto y por ausencia de la firma del órgano que dicta el apremio. Estos motivos de nulidad debieron ser alegados mediante la impugnación de la sanción de la que trae causa el apremio, y que fue correctamente notificada al interesado. Sólo cabe alegar los motivos tasados al apremio, y no aquéllos que afectan a la liquidación. Además, la exigencia de dictar certificado de descubierto fue suprimida tras la modificación de la LGT del año 1995; y respecto de la firma, en la copia del apremio, que es la que se notifica al interesado, no tiene porqué aparecer la firma del órgano administrativo que lo dicta. II. Fundamentos de Derecho.

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