I. La nueva regulación de la iniciación del procedimiento administrativo contenida en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. II. La novedad del denunciante delator del artículo 62.4. III. Antecedentes normativos de la figura del delator. IV. El Dictamen del Consejo de Estado. V. Análisis...

I. La nueva regulación de la iniciación del procedimiento administrativo contenida en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. II. La novedad del denunciante delator del artículo 62.4. III. Antecedentes normativos de la figura del delator. IV. El Dictamen del Consejo de Estado. V. Análisis de la regulación de la eximente por denuncia.

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I. Introducción. II. Negocios y contratos excluidos. 1. Consideraciones generales. 2. Convenios y encomiendas de gestión. 3. Relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos en el ámbito del dominio público en el ámbito patrimonial. 4. Los nuevos supuestos exclusión de convenios o contratos. 5. Otros ajustes. III. La nueva delimitación...

I. Introducción. II. Negocios y contratos excluidos. 1. Consideraciones generales. 2. Convenios y encomiendas de gestión. 3. Relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos en el ámbito del dominio público en el ámbito patrimonial. 4. Los nuevos supuestos exclusión de convenios o contratos. 5. Otros ajustes. III. La nueva delimitación de los tipos contractuales. 1. Supresión del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. 2. La delimitación de los contratos de concesión de servicios como categoría en parte "heredera" de los contratos de gestión de servicios públicos. 3. La Definición del contrato de concesión de obras en función de la transmisión del riesgo operacional. 4. Novedades en la definición del contrato de obras. 5. Algunas precisiones en relación con el contrato de suministros. 6. Algunas precisiones en relación con el contrato de servicios. 7. La prolija regulación de algunos aspectos del contrato mixto. 8. Contratos sujetos a una regulación armonizada.

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I. Introducción. II. El inicio del procedimiento administrativo mediante denuncia anónima: la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. III. La necesidad procedimental de finalizar previamente, con la resolución que proceda, un...

I. Introducción. II. El inicio del procedimiento administrativo mediante denuncia anónima: la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. III. La necesidad procedimental de finalizar previamente, con la resolución que proceda, un procedimiento administrativo de forma expresa antes de iniciar uno nuevo. IV. Los Ayuntamientos no pueden embargar el dinero de otra administración. V. La delimitación de las competencias de las revisiones de actos nulos de pleno derecho de los Presidentes de las Corporaciones Locales de régimen común a favor del Pleno del Ayuntamiento. VI. La inaplicación de la consulta pública previa del artículo 133.1 de la Ley 39/2015 en los procedimientos regulados por la Ley de las Haciendas Locales y en los procedimientos de naturaleza reglamentaria urbanística. VII. La potestad de autoorganización de los municipios permite atribuir a un organismo técnico facultades para la aprobación de criterios o instrucciones interpretativas sobre la aplicación de una norma reglamentaria municipal.

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I. La convocatoria de elecciones. II. Las posibles irregularidades en el censo electoral. III. ¿Hay derecho a la subsanación de los defectos o irregularidades apreciadas en la presentación de las candidaturas?. IV. Las manifestaciones convocadas durante el proceso electoral. V. ¿Se puede utilizar la bandera de España en los sobres remitidos...

I. La convocatoria de elecciones. II. Las posibles irregularidades en el censo electoral. III. ¿Hay derecho a la subsanación de los defectos o irregularidades apreciadas en la presentación de las candidaturas?. IV. Las manifestaciones convocadas durante el proceso electoral. V. ¿Se puede utilizar la bandera de España en los sobres remitidos por una entidad política a los electores conteniendo propaganda electoral? VI. Las consabidas campañas de autobombo: el deber de neutralidad de los poderes públicos. El caso "estelados". VII. Los principios rectores de la actuación de los medios audiovisuales durante el proceso electoral. VIII. Las encuestas electorales. IX. Los plazos del proceso electoral. X. El voto por correo. XI. La validez o nulidad de los votos. XII. El escrutinio. XIII. ¿Hay derecho a examinar y revisar la totalidad de votos nulos de la circunscripción provincial incluidos en los primeros sobres remitidos por las mesas? XIV. El recurso contencioso-electoral. XV. Los delitos electorales. XVI. Incompatibilidades con el cargo de concejal. XVII. La elección del alcalde. XVIII. La renuncia al cargo de concejal. XIX. Moción de censura local. XX. Cuestión de confianza local. XXI. La elección en las entidades locales menores.

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I. Introducción. La Directiva de Contratación Pública 2014/24/UE y los contratos típicos de obras, servicios y suministros. La contención reformista del legislador interno en los contratos de obras, servicios y suministros. II. El contrato de obras: mayor facilidad para las PYMES. III. El contrato de suministros. IV. El contrato de servicios:...

I. Introducción. La Directiva de Contratación Pública 2014/24/UE y los contratos típicos de obras, servicios y suministros. La contención reformista del legislador interno en los contratos de obras, servicios y suministros. II. El contrato de obras: mayor facilidad para las PYMES. III. El contrato de suministros. IV. El contrato de servicios: sin cambios aparentes, engulle el viejo contrato de gestión de servicio público, cuando no hay riesgo operacional. V. Los contratos de servicios a las personas: la organización de servicios no sujetos a contratación. VI. Bibliografía.

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I. La garantía de los principios generales como finalidad principal de la LCSP 2017. II. Novedosa inclusión en el artículo 1 del principio de integridad. III. La obligatoria inclusión de criterios sociales y ambientales. IV. Importancia de los principios generales en el Derecho de la contratación pública de la Unión Europea y en la...

I. La garantía de los principios generales como finalidad principal de la LCSP 2017. II. Novedosa inclusión en el artículo 1 del principio de integridad. III. La obligatoria inclusión de criterios sociales y ambientales. IV. Importancia de los principios generales en el Derecho de la contratación pública de la Unión Europea y en la nueva regulación nacional. V. Aplicación de los principios a todos los contratos, también por debajo de los umbrales europeos.

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I. Introducción. II. Novedades legislativas. 1. La Ley Orgánica 6/2002 establece dos modificaciones. 2. La Ley Orgánica 1/2003 ha establecido modificaciones mucho más amplias. III. Novedades jurisprudenciales. 1. Recursos judiciales contra las resoluciones de las Juntas Electorales. 2. Inelegibilidad electoral sobrevenida por causa...

I. Introducción. II. Novedades legislativas. 1. La Ley Orgánica 6/2002 establece dos modificaciones. 2. La Ley Orgánica 1/2003 ha establecido modificaciones mucho más amplias. III. Novedades jurisprudenciales. 1. Recursos judiciales contra las resoluciones de las Juntas Electorales. 2. Inelegibilidad electoral sobrevenida por causa de incapacidad electoral y competencia de las Juntas Electorales en esos casos. 3. Las irregularidades en el censo electoral desbordan el objeto del proceso contencioso electoral. 4. Lengua utilizada en las candidaturas. 5. Actos de campaña electoral. 6. Corrección de errores que afectan al resultado electoral una vez transcurridos los plazos para interponer un recurso contencioso-electoral. 7. Cláusula indemnizatoria suscrita por un candidato con el partido por el que se presenta. 8. Irregularidades en la tramitación de la moción de censura contra un Alcalde. 9. Incidencias en Juntas Vecinales.

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I. Panorámica general. II. Concreción del criterio y de la fecha en que cabe considerar creado un nuevo municipio a efectos de su inclusión en la convocatoria de las elecciones locales de 24 de mayo de 2015. III. La nueva excusa de miembro de una Mesa electoral introducida por la instrucción de la Junta Electoral Central 2/2014. IV. Aclaración...

I. Panorámica general. II. Concreción del criterio y de la fecha en que cabe considerar creado un nuevo municipio a efectos de su inclusión en la convocatoria de las elecciones locales de 24 de mayo de 2015. III. La nueva excusa de miembro de una Mesa electoral introducida por la instrucción de la Junta Electoral Central 2/2014. IV. Aclaración del procedimiento de autenticación de firmas de aval a candidaturas de agrupaciones de electores por Notario o Secretario del Ayuntamiento (Art. 187.3 LOREG). V. La doctrina de la Junta Electoral Central sobre el grupo político significativo a efectos de la cobertura de la campaña electoral en los medios públicos de comunicación. VI. Modificación del criterio de apreciación de irregularidades en las papeletas electorales recogida en la instrucción de la Junta electoral central 1/2012, en aplicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional 123/2011. VII. La nulidad de los sobres de votación de los electores inscritos en el CERA remitidos directamente a la Junta Electoral escrutadora, conforme a la Instrucción de la Junta Electoral Central 2/2012, aprobada en ejecución de la Sentencia del Tribunal Constitucional 105/2012.

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I. Introducción. II. Definiciones. III. Competencias administrativas: las competencias de las entidades locales. IV. El principio de jerarquía de residuos: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación. V. Costes derivados de la gestión de los residuos de competencia local. VI. El impuesto sobre...

I. Introducción. II. Definiciones. III. Competencias administrativas: las competencias de las entidades locales. IV. El principio de jerarquía de residuos: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación. V. Costes derivados de la gestión de los residuos de competencia local. VI. El impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. VII. Otros preceptos con incidencia en el ámbito local.

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