I. Introducción. II. Los datos normativos: el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción y su ambigüedad tras la reforma de la Ley 30/1992 por la Ley 4/1999. III. La tesis inicial: existencia de plazo y reapertura del mismo contra la resolución extemporánea. IV. Inexistencia de plazo en virtud de la supuesta derogación del artículo 46.1...

I. Introducción. II. Los datos normativos: el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción y su ambigüedad tras la reforma de la Ley 30/1992 por la Ley 4/1999. III. La tesis inicial: existencia de plazo y reapertura del mismo contra la resolución extemporánea. IV. Inexistencia de plazo en virtud de la supuesta derogación del artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción. V. Los plazos para recurrir sólo se refieren al silencio positivo. VI. El comienzo del plazo para recurrir el silencio negativo está en manos del interesado. VII. La inexistencia de plazo en virtud de la asimilación entre silencio negativo y notificaciones defectuosas. VIII. El intento de superar esa asimilación: ¿Existe plazo cuando la Administración no resuelve expresamente pero ha informado previamente del plazo para resolver, del sentido del silencio y de los recursos procedentes?. IX. Inconsistencia de la tesis que sostiene que cuando la Administración facilita esa información existe plazo para recurrir el silencio negativo: ¿Interpretación conforme o inconstitucionalidad de las normas que establecen plazos?. X. El silencio de la Administración y la necesidad de su reforma.

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I. Consideraciones previas. II. La doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre el derecho a una buena administración. 1. Premisas generales. 1.1. La buena administración es un principio implícito en los artículos 9.3 y 103 de la Constitución. 1.2. La buena administración no es «una mera fórmula vacía de contenido»,...

I. Consideraciones previas. II. La doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre el derecho a una buena administración. 1. Premisas generales. 1.1. La buena administración es un principio implícito en los artículos 9.3 y 103 de la Constitución. 1.2. La buena administración no es «una mera fórmula vacía de contenido», un mero principio o directriz al que debe ajustarse la actuación de la Administración, sino que se trata también de un efectivo derecho de los ciudadanos, ya que impone a las Administraciones públicas un elenco de deberes para hacerlo efectivo. 1.3. Para satisfacer el principio de buena administración no es suficiente con que la actuación administrativa se ajuste formalmente a derecho. 2. Consecuencias derivadas de la garantía de la buena administración ante actuaciones administrativas formalmente ajustadas a las reglas de procedimiento. III. Apostilla final.

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I. Introducción. II. El trasfondo jurídico-público del principio de confianza legítima en el Derecho inglés. III. Fundamento doctrinal de la confianza legítima en el Derecho inglés. IV. La exposición sistemática del principio y algunas advertencias metodológicas. V. La protección procesal de la confianza legítima. VI. La revocación...

I. Introducción. II. El trasfondo jurídico-público del principio de confianza legítima en el Derecho inglés. III. Fundamento doctrinal de la confianza legítima en el Derecho inglés. IV. La exposición sistemática del principio y algunas advertencias metodológicas. V. La protección procesal de la confianza legítima. VI. La revocación individualizada de actos administrativos: la revisión de oficio y la protección de confianza. VII. La revocación de hechos jurídicamente relevantes y la protección de confianza. VIII. La repercusión de la sentencia Coughlan. IX. Conclusiones.

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I. Introducción. II. Los elementos de la responsabilidad por infracción administrativa. 1. Sujetos sancionables. 2. El elemento volitivo de la infracción: el dolo y la culpa. 3. Responsabilidades civiles-administrativas compatibles con las derivadas de la infracción. 4. Responsabilidad solidaria e individualizada de obligados. 5. Responsabilidad...

I. Introducción. II. Los elementos de la responsabilidad por infracción administrativa. 1. Sujetos sancionables. 2. El elemento volitivo de la infracción: el dolo y la culpa. 3. Responsabilidades civiles-administrativas compatibles con las derivadas de la infracción. 4. Responsabilidad solidaria e individualizada de obligados. 5. Responsabilidad de terceros por relación de dependencia o vinculación con el infractor. III. Conclusiones.

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INTRODUCCION. INCOHERENCIA DEL ORDENAMIENTO AL ADMITIR SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS POR LOS MISMOS HECHOS.- VALOR DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO.- EL PRINCIPIO "NON BIS IN IDEM".- SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 3.10.1983.- VINCULACION DE LOS PODERES PUBLICOS A LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE...

INTRODUCCION. INCOHERENCIA DEL ORDENAMIENTO AL ADMITIR SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS POR LOS MISMOS HECHOS.- VALOR DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO.- EL PRINCIPIO "NON BIS IN IDEM".- SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 3.10.1983.- VINCULACION DE LOS PODERES PUBLICOS A LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE INTERPRETAN PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.-

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I. De la dispersión del procedimientos de la LRJPAC al intento de codificación en la reforma de 2015. 1. Excurso sobre la cuestión competencial: Régimen jurídico versus procedimiento administrativo común. 2. La deficiente cláusula de reserva de ley en la regulación del procedimiento administrativo sancionador. 2.1. Las Comunidades...

I. De la dispersión del procedimientos de la LRJPAC al intento de codificación en la reforma de 2015. 1. Excurso sobre la cuestión competencial: Régimen jurídico versus procedimiento administrativo común. 2. La deficiente cláusula de reserva de ley en la regulación del procedimiento administrativo sancionador. 2.1. Las Comunidades Autónomas: las gran olvidadas en el art. 25.1 LRJSP. 2.2. La imprecisa remisión del art. 25.1 LRJSP al Título XI LRBRL. II. El período de actuaciones previas: la necesidad de equilibrar el deber de colaboración y el derecho a la no autoincriminación. III. El reforzamiento de las potestades de la Administración en materia de medidas provisionales. IV. Un paso atrás en la regulación de la denuncia. V. ¿La vinculación de los hechos probados en sentencia penal firme incluye la posibilidad de utilizar en el procedimiento sancionador la prueba del proceso penal? VI. La imprecisa generalización de la reducción de las sanciones pecuniarias por pago voluntario y su controvertida renuncia al recurso. VII. La insólita prescripción de las sanciones en caso de desestimación del recurso de alzada por silencio administrativo.

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1. Introducción. 2. Los aprovechamientos vecinalesantes de la aprobación de la Ley de 1 de mayo de 1855, dedesamortización civil. 3. La noción de bien comunal en laLey de 1 de mayo de 1855, de desamortización civil, ynormativa complementaria. 4. Consecuencias de laintroducción del concepto formal de bien comunal: apariciónde una pluralidad...

1. Introducción. 2. Los aprovechamientos vecinalesantes de la aprobación de la Ley de 1 de mayo de 1855, dedesamortización civil. 3. La noción de bien comunal en laLey de 1 de mayo de 1855, de desamortización civil, ynormativa complementaria. 4. Consecuencias de laintroducción del concepto formal de bien comunal: apariciónde una pluralidad de supuestos de aprovechamientosvecinales.

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