I. Consideraciones preliminares. II. Presupuestos de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. III. Responsabilidad por el funcionamiento de la Administración de Justicia. IV. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. V. Indemnización. VI. Responsabilidad de Derecho privado. VII. Responsabilidad...

I. Consideraciones preliminares. II. Presupuestos de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. III. Responsabilidad por el funcionamiento de la Administración de Justicia. IV. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. V. Indemnización. VI. Responsabilidad de Derecho privado. VII. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas. VIII. Responsabilidad penal. IX. Procedimiento de responsabilidad patrimonial. X. Conclusiones.

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I. Introducción: La transversalidad de la igualdad de género como protagonista de la actuación administrativa en la contratación pública. II. La perspectiva de género como criterio social en la documentación del procedimiento de contratación tras la aprobación de la Directiva 2014/24/UE. III. La igualdad de género en los elementos...

I. Introducción: La transversalidad de la igualdad de género como protagonista de la actuación administrativa en la contratación pública. II. La perspectiva de género como criterio social en la documentación del procedimiento de contratación tras la aprobación de la Directiva 2014/24/UE. III. La igualdad de género en los elementos estructurales de los contratos. IV. Las prescripciones técnicas. Una especial referencia a las etiquetas sociales. V. Criterios de adjudicación. VI. El régimen de obligaciones establecido en el pliego de condiciones administrativas particulares: las condiciones especiales de ejecución y las obligaciones esenciales. VII. Las consecuencias jurídicas del incumplimiento del régimen de obligaciones. VIII. Control y seguimiento. IX. Reflexión final. X. Bibliografía.

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1. Introducción. 2. El cómputo de plazo "fecha a fecha". a) El cómputo de los plazos, por meses o años. b) La expresión "de fecha a fecha". c) La doctrina jurisprudencial. 3. La regulación del cómputo de plazos por meses en la LRJPA. a) La génesis de la nueva normativa. b) La interpretación de la nueva ley. 4....

1. Introducción. 2. El cómputo de plazo "fecha a fecha". a) El cómputo de los plazos, por meses o años. b) La expresión "de fecha a fecha". c) La doctrina jurisprudencial. 3. La regulación del cómputo de plazos por meses en la LRJPA. a) La génesis de la nueva normativa. b) La interpretación de la nueva ley. 4. Conclusión.

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I. CONCEPTO DE COORDINACIÓN. I.1. LA COORDINACIÓN EN NUESTRA LEGISLACIÓN POSITIVA. 1.2. LA COORDINACIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. I.2.1. LA COORDINACIÓN DE LOS ENTES LOCALES POR EL ESTADO O POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. I.2.2. LA COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. I.3. APORTACIONES DOCTRINALES...

I. CONCEPTO DE COORDINACIÓN. I.1. LA COORDINACIÓN EN NUESTRA LEGISLACIÓN POSITIVA. 1.2. LA COORDINACIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. I.2.1. LA COORDINACIÓN DE LOS ENTES LOCALES POR EL ESTADO O POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. I.2.2. LA COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. I.3. APORTACIONES DOCTRINALES AL CONCEPTO DE COORDINACIÓN. I.3.1. EL PODER DE DIRECCIÓN O DE DECISIÓN QUE TIENE EL ENTE QUE COORDINA. I.3.2. DIFERENCIACIÓN ENTRE EL CONCEPTO DE COORDINACIÓN Y EL DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN. II. TÉCNICAS DE COORDINACIÓN. III. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE INTEGRACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL CONCEPTO DE COORDINACIÓN.

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1. La supuesta insuficiencia de los diversosmecanismos de tutela de la autonomía local y la decisión deconfigurar un proceso constitucional específico. 2. Lapeculiar naturaleza del nuevo procedimiento. 3. Los sujetosdel conflicto y los problemas de la legitimación. Losrequisitos para su tramitación. 4. Las normas objeto delconflicto y...

1. La supuesta insuficiencia de los diversosmecanismos de tutela de la autonomía local y la decisión deconfigurar un proceso constitucional específico. 2. Lapeculiar naturaleza del nuevo procedimiento. 3. Los sujetosdel conflicto y los problemas de la legitimación. Losrequisitos para su tramitación. 4. Las normas objeto delconflicto y el parámetro de enjuiciamiento. 5. Laformalización del conflicto y su resolución. 6. Laprescindible e innecesaria autocuestión. 7. Valoracióncrítica.

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I. La invalidez del contrato administrativo. II. Contratos del sector público y Derecho penal. III. La infracción penal en el iter contractual. 1. Actos de preparacion del contrato. A. Omisión del expediente de contratación: la contratación verbal. B. Participación en la elaboración del contrato. C. Fraccionamiento del contrato: el...

I. La invalidez del contrato administrativo. II. Contratos del sector público y Derecho penal. III. La infracción penal en el iter contractual. 1. Actos de preparacion del contrato. A. Omisión del expediente de contratación: la contratación verbal. B. Participación en la elaboración del contrato. C. Fraccionamiento del contrato: el contrato menor. D. Invitaciones a presentar ofertas en un contrato negociado sin publicidad. 2. Selección del contratista y adjudicación del contrato del sector público. 3. Ejecución del contrato del sector público. A. Inejecución o ejecución defectuosa del contrato. B. Modificación del contrato y revisión de precios. C. Régimen de prórrogas. IV. El plus penal en la infracción administrativa. 1. Infracción administrativa vs. delito. A. Prevaricación y contrato del sector publico. B. Fraude a la Administración y contrato del sector pùblico. C. Falsedad en documento oficial y contrato del sector público. D. Falsedad en documento mercantil y contrato del sector público. E. Tráfico de influencias y contrato del sector público. C. falsedad en documento oficial y contrato del sector público. D. Falsedad en documento mercantil y contrato del sector publico. E. Tráfico de influencias y contrato del sector público. 2. Arbitrariedad administrativa y arbitrariedad penal. 3. Ausencia de daño material y utilidad pública. V. Efectos de la infracción penal sobre el contrato del sector público. 1. No siempre existen efectos sobre el contrato administrativo. A. Si el delito invalida el contrato o no. B. Si el contrato ya se ha ejecutado o no. 2. Quién y cómo se anula el contrato administrativo. 3. La posición del licitador no adjudicatario. 4. Valoración crítica. VI. El Derecho penal, la unidad militar de emergencias de la Administración y del Derecho público.

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1. Introducción. 2. Causas justificativas de lareforma de la LCAP, pese a su exigua vigencia. 3. Elsignificado de la metamorfosis del contrato de consultoría yasistencia. 4. Leves alteraciones del régimen jurídico deesta figura contractual. 5. La desaparición de los contratosespecíficos y concretos no habituales de la Administración.6....

1. Introducción. 2. Causas justificativas de lareforma de la LCAP, pese a su exigua vigencia. 3. Elsignificado de la metamorfosis del contrato de consultoría yasistencia. 4. Leves alteraciones del régimen jurídico deesta figura contractual. 5. La desaparición de los contratosespecíficos y concretos no habituales de la Administración.6. Conclusión.

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I. ¿Dónde estamos? II. La reacción del Tribunal Constitucional portugués ante las políticas de austeridad. III. La respuesta del Tribunal Constitucional español. 1. Los pronunciamientos del TC sobre el RD-Ley 8/2010, de 10 de mayo. 2. Las medidas de recorte retributivo del RD-Ley 8/2010. 3. Los límites constitucionales al Decreto-Ley....

I. ¿Dónde estamos? II. La reacción del Tribunal Constitucional portugués ante las políticas de austeridad. III. La respuesta del Tribunal Constitucional español. 1. Los pronunciamientos del TC sobre el RD-Ley 8/2010, de 10 de mayo. 2. Las medidas de recorte retributivo del RD-Ley 8/2010. 3. Los límites constitucionales al Decreto-Ley. 4. Reserva de ley presupuestaria (art. 135 CE). 5. Igualdad. 6. Aplicación de la Constitución fiscal. 7. Derecho de propiedad. 8. Protección de la confianza legítima. 9. Derecho a la negociación colectiva. IV. Conclusiones. V. Bibliografía.

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1. La regulación del contrato administrativo de permuta. 2. Terrenos destinados a uso público local. 3. Nulidad de los convenios de permuta en los que no sólo se reciben bienes, sino que se produce una compensación de deudas. 4. El expediente de permuta debe acreditar la necesidad de la aplicación excepcional de la permuta, y la de los...

1. La regulación del contrato administrativo de permuta. 2. Terrenos destinados a uso público local. 3. Nulidad de los convenios de permuta en los que no sólo se reciben bienes, sino que se produce una compensación de deudas. 4. El expediente de permuta debe acreditar la necesidad de la aplicación excepcional de la permuta, y la de los bienes a recibir. 5. El interés social en caso de entregar bienes del patrimonio municipal del suelo. 6. La diferencia del valor de los bienes que se trate de permutar no ha de ser superior al 40% del que lo tenga mayor. 7. Permuta de terrenos que constituyan dotaciones públicas, con pacto de recalificación, o en que se hayan concretado por error: ineficacia parcial y valoración económica de la obligación que subsistiría.

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I. Introducción. II. Discrecionalidad administrativa y conceptos jurídicos indeterminados. III. Su sujeción a control judicial. IV. Control judicial de los hechos y su valoración. V. La llamada "discrecionalidad técnica". VI. Valoraciones económicas o técnicas complejas. VII. Juridicidad de la decisión administrativa. VIII....

I. Introducción. II. Discrecionalidad administrativa y conceptos jurídicos indeterminados. III. Su sujeción a control judicial. IV. Control judicial de los hechos y su valoración. V. La llamada "discrecionalidad técnica". VI. Valoraciones económicas o técnicas complejas. VII. Juridicidad de la decisión administrativa. VIII. Anulación y sustitución de la decisión administrativa. IX. "Plena jurisdicción" en materia de sanciones administrativas. X. Conclusiones.

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