I. Ideas previas. II. La reciente regulación urbanística ante la nueva coyuntura económica. 1. El Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, el Conseil, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 2. Decreto 46/2008, de 11 de abril,...

I. Ideas previas. II. La reciente regulación urbanística ante la nueva coyuntura económica. 1. El Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, el Conseil, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 2. Decreto 46/2008, de 11 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 3. Decreto-Ley 1/2008, de 27 de junio, del Consell, de medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo. 4. Ley 12/2010, de 21 de julio, de la Generalitat, de Medidas Urgentes para Agilizar el Ejercicio de Actividades Productivas y la Creación del Empleo. 5. Decreto-Ley 2/2012, de 4 de noviembre, del Consell, de medidas urgentes de impulso a la implantación de actuaciones territoriales estratégicas. 6. Decreto-Ley 2/2012, de 13 de enero, Conselleria de Presidencia, de medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas empresas (pyme) de la Comunitat Valenciana. 7. Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la Presidencia de la Generalidad Valenciana. Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas. III. A modo de conclusión. Bibliografía.

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I. El nuevo urbanismo sostenible: la plasmación legislativa de una orientación adecuada. II. La integración de consideraciones en materia de rehabilitación, renovación y regeneración urbanas en el marco jurídico de la edificación: la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999, y su importante modificación de 2013, ratificada en...

I. El nuevo urbanismo sostenible: la plasmación legislativa de una orientación adecuada. II. La integración de consideraciones en materia de rehabilitación, renovación y regeneración urbanas en el marco jurídico de la edificación: la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999, y su importante modificación de 2013, ratificada en 2015. III. El Código Técnico de la Edificación de 2006 y su reforma: la regulación de los requisitos ambientales y de sostenibilidad de las edificaciones y construcciones.

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I. CONSIDERACIONES GENERALES. 1. OBJETO. 2. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS. 3. DELIMITACIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO SOSTENIBLE. II. INCIDENCIA SOBRE EL ESTATUTO DE LA PROPIEDAD. 1. RESERVAS PARA VIVIENDA PROTEGIDA. 2. CESIONES DE APROVECHAMIENTO. 3. PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE EN LA FINANCIACIÓN DE LOS COSTES DE URBANIZACIÓN....

I. CONSIDERACIONES GENERALES. 1. OBJETO. 2. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS. 3. DELIMITACIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO SOSTENIBLE. II. INCIDENCIA SOBRE EL ESTATUTO DE LA PROPIEDAD. 1. RESERVAS PARA VIVIENDA PROTEGIDA. 2. CESIONES DE APROVECHAMIENTO. 3. PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE EN LA FINANCIACIÓN DE LOS COSTES DE URBANIZACIÓN. 4. FINANCIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS VINCULADAS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y EN SUELO URBANIZABLE. 5. OBLIGACIONES POSITIVAS DE LOS PROPIETARIOS DEL SUELO NO URBANIZABLE. 6. PROMOTORES NO PROPIETARIOS. 7. LA NECESIDAD DE UN RÉGIMEN AUTONÓMICO SOBRE SITUACIONES BÁSICAS DE SUELO. 8. LA COMPLEJA APLICACIÓN DE LAS SITUACIONES BÁSICAS DE SUELO AL CLASIFICADO COMO URBANO. III. INCIDENCIA SOBRE EL RÉGIMEN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 1. DOCUMENTACIÓN DE LOS PLANES URBANÍSTICOS. 2. SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PLANEAMIENTO. 3. LÍMITES A LOS CAMBIOS DE CLASIFICACIÓN EN EL SUELO. 4. OBLIGATORIEDAD DEL EJERCICIO PLENO DE LA POTESTAD DE ORDENACIÓN. 5. LA MEMORIA SOCIAL EN LA JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA VIVIENDA PÚBLICA. IV. OTRAS INCIDENCIAS. 1. DERECHOS DE INFORMACIÓN. 2. CONVENIOS URBANÍSTICOS. 3. LAS ÓRDENES DE EJECUCIÓN POR RAZONES AMBIENTALES. 4. DESTINOS DE LOS PATRIMONIOS PÚBLICOS DE SUELO.

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I. La disposición adicional novena de la Ley 2/2013, de 29 de mayo y su afección a Cantabria: el caso vuelta ostrera. II. La inocuidad de la disposición adicional novena de la Ley 2/2013 y de la STC 233/2015 que la declara inconstitucional. III. Sobre el derecho a la ejecución de resoluciones judiciales firmes (art. 24 CE) y la potestad...

I. La disposición adicional novena de la Ley 2/2013, de 29 de mayo y su afección a Cantabria: el caso vuelta ostrera. II. La inocuidad de la disposición adicional novena de la Ley 2/2013 y de la STC 233/2015 que la declara inconstitucional. III. Sobre el derecho a la ejecución de resoluciones judiciales firmes (art. 24 CE) y la potestad judicial para hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.3 y 118 CE): una reflexión a propósito del nuevo art. 108.3 LJCA.

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I. La evolución legislativa en materia de ordenación del territorio, urbanismo y legislación sectorial en Andalucía. II. Las modificaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía por la Ley 2/2012, de 30 de enero, para su adaptación a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo y a su Texto Refundido, aprobado por Real Decreto...

I. La evolución legislativa en materia de ordenación del territorio, urbanismo y legislación sectorial en Andalucía. II. Las modificaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía por la Ley 2/2012, de 30 de enero, para su adaptación a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo y a su Texto Refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril. III. Estado de la cuestión en Andalucía: omisiones, inadaptaciones y propuestas prospectivas sobre la incidencia de la legislación estatal del suelo.

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I. NORMATIVA APLICABLE. II. LA SENTENCIA. III. ARGUMENTACIÓN DEL TRIBUNAL. 1º DATOS DE LOS QUE PARTE EL TRIBUNAL. 2º INCOMPETENCIA DE LAS JUNTAS VECINALES EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. 3. COMPETENCIA DE LA JUNTA VECINAL EN CUANTO A PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO. 4. OBRA DE PAVIMENTACIÓN Y NO DE URBANIZACIÓN. 5. NATURALEZA URBANA...

I. NORMATIVA APLICABLE. II. LA SENTENCIA. III. ARGUMENTACIÓN DEL TRIBUNAL. 1º DATOS DE LOS QUE PARTE EL TRIBUNAL. 2º INCOMPETENCIA DE LAS JUNTAS VECINALES EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. 3. COMPETENCIA DE LA JUNTA VECINAL EN CUANTO A PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO. 4. OBRA DE PAVIMENTACIÓN Y NO DE URBANIZACIÓN. 5. NATURALEZA URBANA DEL SUELO QUE OCUPA EL CAMINO. IV. CONSECUENCIAS PARA LA PRÁCTICA.

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ESTUDIO. I. Introducción. II. Aspectos normativos. 1. Elementos de la iniciativa privada. 2. Elementos de la responsabilidad. 3. Responsabilidad en la tramitación de los expedientes. 4. La obligación de resolver de la Administración Pública.5. La suspensión del plazo para resolver. 6. La forma de validar los actos presuntos. 7. La iniciativa...

ESTUDIO. I. Introducción. II. Aspectos normativos. 1. Elementos de la iniciativa privada. 2. Elementos de la responsabilidad. 3. Responsabilidad en la tramitación de los expedientes. 4. La obligación de resolver de la Administración Pública.5. La suspensión del plazo para resolver. 6. La forma de validar los actos presuntos. 7. La iniciativa privada en los contratos de gestión de obra pública. III. Aspectos doctrinales. PROCEDIMIENTO PRÁCTICO. Tramitación de las reclamaciones que se planteen ante la desestimación presunta de la solicitud que ejercite la iniciativa particular. 1. Iniciativa de un particular para la aprobación de un instrumento de ordenación o de ejecución. 2. Requerimiento de subsanación por parte de la administración. 3. Notificación del requerimiento. 4. Desistimiento de la solicitud, en caso de no presentar la documentación solicitada por la administración. 5. Solicitud del interesado del certificado de silencio. 6. Informe de la sección que tramita los expedientes. 7. Certificado de acto presunto. 8. Reclamación de responsabilidad patrimonial. 9. Acuerdo de inicio del expediente de responsabilidad patrionial. 10. Notificación al interesado del inicio del expediente de responsabilidad patrimonial. 11. Subsanación por deficiencias en la reclamación. 12. Notificación del acuerdo de subsanación. 13. Traslado de la reclamación a la compañía de seguros (que tenga concertada la Administración). 14. Apertura de periodo de prueba. 15. Notificación al reclamante de la apertura de periodo probatorio. 16. Proposición de prueba del reclamante. 17. Práctica de pruebas. 18. Informe técnico. 19. Informe jurídico. 20. Resolución sobre la reclamación de responsabilidad. 21. Notificación.

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