PREVALENCIA, COMPLEMENTARIEDAD Y SUBSIDIARIEDAD ENTRE LA LEY REGULADORA DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA Y LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EN MATERIA PROBATORIA

JOSE RAMON, CHAVES GARCIA;LOPEZ DE LA RIVA CARRASCO, FEDERICO

REVISTA VASCA DE ADMINISTRACION PUBLICA, n.º 62/2002, pág. 35

I. Introducción. 1. Unidad y complejidad del Ordenamiento Jurídico. 2. Relevancia de la interacción entre normas procesales. 3. Técnicas de articulación del legislador de los ordenamientos procesales contencioso y civil. 4. Principios troncales en materia de prueba en el orden contencioso-administrativo. II. Aspectos generales. 1. Nomenclatura de las resoluciones judiciales en materia de prueba. 2. La carga de la prueba. 3. Recibimiento y proposición. 4. Desarrollo de la prueba. 5. La cuestión de la delegación de prueba. III. La atemperación de las reglas probatorias en los procedimientos especiales. 1. En el procedimiento abreviado. 2. En los incidentes cautelares. 3. En la segunda instancia. 4. La prueba de los daños y perjuicios en el orden contencioso-administrativo. IV. El juzgador ante las pruebas atípicas. 1. Prueba anticipada y prueba preparada. 2. Prueba obligada. 3. Prueba improcedente. 4. Prueba desactivada. 5. Prueba prohibida. La discrecionalidad técnica en materia de oposiciones y concursos. 6. Prueba ilícita. V. Documental. 1. Documentación que debe acompañarse a la demanda y a la contestación. 2. La escala de la eficacia probatoria de los documentos. VI. Pericial. 1. Peritos designados por las partes. 2. Peritos designados judicialmente. VII. Interrogatorio de las partes. 1. Interrogatorio de la Administración o sus agentes. 2. Interrogatorio del particular. VIII. Testifical. 1. Particulares. 2. Administraciones Públicas. IX. Reconocimiento judicial. X. Diligencias finales. 1. La última oportunidad. 2. Las alegaciones de las partes sobre las pruebas intempestivas. XI. La Administración ante la prueba. 1. Prerrogativas procesales en la aportación de prueba a cargo de la Administración Pública. 2. Cuando la Administración pierde los papeles.