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LOZANO CUTANDA, BLANCA
REVISTA DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, n.º 161/2003, pág. 83 a 121
I. ESTADO DE LA CUESTIÓN: LA CONSIDERACIÓN TRADICIONAL DE LA POTESTAD DISCRECIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PARA PROCEDER A SANCIONAR. II. LA OFICIALIDAD DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA COMO NECESARIA CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. SU RECONOCIMIENTO EN LA JURISPRUDENCIA MÁS RECIENTE Y LA EVOLUCIÓN EXPERIMENTADA EN ESTE SENTIDO EN OTROS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS. III. LA SUPERACIÓN DE LA NEGACIÓN TRADICIONAL DE LEGITIMACIÓN PROCEDIMENTAL AL DENUNCIANTE CUANDO ÉSTE ES TITULAR DE DERECHOS O INTERESES LEGÍTIMOS. SU CRECIENTE RECONOCIMIENTO JURISPRUDENCIAL Y SU AFIRMACIÓN EXPRESA POR LA LEY DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICA DEL PAÍS VASCO. IV. LA NECESARIA INTRODUCCIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA EN LOS ÁMBITOS EN LO QUE SE TUTELAN INTERESES COLECTIVOS. V. EL PROGRESIVO RECONOCIMIENTO DE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA DENUNCIAR LOS ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTAN A INTERESES COLECTIVOS A LAS ASOCIACIONES CREADAS PARA SU DEFENSA.