Este trabajo se organiza en tres partes claramente diferenciadas. Una primera destinada a realizar una reseña histórica con la pretensión de intentar una aproximación a lo que parece fue la génesis de la institución municipal, y a poner de manifiesto el carácter instrumental y subordinado que por naturaleza le corresponde en la organización político administrativa del Estado, así como a resaltar la internalización por los vecinos, de los gastos realizados en el mantenimiento del núcleo municipalizado, como fórmula originaria de financiación municipal. Tras el excursus histórico, se procede a realizar una descripción del marco jurídico constitucional del municipio en la Constitución de 1978, así como un breve análisis de las consideraciones más relevantes, en nuestra opinión, vertidas por el Tribunal Constitucional sobre el principio de autonomía municipal proclamado por la Constitución.

Una segunda parte se destina a realizar un análisis de los principios constitucionales de autonomía y suficiencia financiera de las haciendas locales, poniendo especial énfasis en la afectación que hace la Constitución de los recursos de la hacienda municipal al desempeño de las funciones que atribuya la ley a las respectivas Corporaciones, así como a concretar la conceptualización hecha por la jurisprudencia constitucional de la autonomía municipal en su vertiente financiera y de su proyección en materia tributaria para después, sobre la base de los dictados jurisprudenciales, exponer el desarrollo dado por el legislador a la fuente de financiación municipal “tributos propios”.

La tercera y última parte del trabajo se destina a analizar el IBI como categoría singular integrante de la fuente de financiación municipal, “tributos propios”, así como la estructura competencial del procedimiento para su aplicación, poniendo de relieve el importante papel jugado históricamente por el municipio en la gestión de la imposición inmobiliaria y como incomprensiblemente, a partir del momento mismo en que se alumbra una figura impositiva sobre la riqueza inmobiliaria cuyo producto es de la exclusiva titularidad municipal, el IBI, se releva al municipio de la obligación de participar en el mantenimiento de la base de datos del registro administrativo que sirve de soporte para la aplicación de este impuesto, el Catastro. Refiriendo por último algunos obstáculos que encontramos en su aplicación derivados de dicha estructura y que restan al impuesto potencial financiero.

En definitiva, se utiliza el IBI como ventana a través de la cual mostrar un ejemplo de la praxis seguida por los ayuntamientos en materia de ingresos y que nos lleva al convencimiento de que la autonomía financiera municipal, en los términos en que ha sido configurada por el legislador, se puede considerar ya como una experiencia fallida desde el momento mismo en que los gobiernos municipales no se muestran dispuestos a diseñar una política de ingresos sobre la base de una fuente de financiación propia como la tributaria, alumbrada por la Constitución con el objetivo específico y único, insistimos, de financiar la hacienda municipal.