La licencia y la autorización se han erigido tradicionalmente en nuestro Derecho como los medios de intervención preponderantes en la actividad administrativa de limitación (o policía). A pesar de que nuestro ordenamiento jurídico, desde antaño, prevé las figuras de la comunicación previa y la declaración responsable, es con la Directiva de Servicios cuando éstas expanden su aplicación práctica en nuestras Administraciones públicas.

Su transposición al Derecho interno se realizó por el Estado español con la promulgación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como con la posterior Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a aquélla.

La incorporación de la Directiva a nuestro ordenamiento nacional, sin embargo, no resuelve definitivamente su aplicación, sino que, por el contrario, en numerosos casos de la práctica diaria ocasiona diversos problemas a los operadores jurídicos en su interpretación y cohesión con las disposiciones vigentes. Ello es debido, fundamentalmente, a que ni el Estado ni las Comunidades autónomas han adaptado de forma ágil y completa su normativa y, en consecuencia, recae principalmente en los municipios la labor interpretativa de la Directiva en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, surgen esencialmente conflictos ocasionales en materia de transposición de la propia Directiva, cuando choca puntualmente con la normativa en vigor.

La presente obra, redactada por un colectivo de funcionarios con amplia experiencia en la Administración local así como en la docencia, ofrece al lector, con un sencillo planteamiento fácilmente inteligible, las interpretaciones y soluciones para afrontar estas intrincadas cuestiones en la aplicación práctica de la Directiva y su normativa de desarrollo, además de facilitar el ejercicio de las competencias municipales en este campo.