Las relaciones entre los poderes públicos, principalmente administraciones públicas, se han desarrollado históricamente como una cuestión totalmente ajena a la normativa de contratación, aun cuando materialmente constituyesen relaciones de esta naturaleza.

Se consideraba que el interés público perseguido por estos sujetos públicos amparaba y justificaba cualquier tipo de relación directa entre ellos, independientemente de su contenido y de los operadores económicos perjudicados o afectados.

Sin embargo, la entrada de España en la Comunidad Europea, hoy UE, ha supuesto una mutación sustancial en diversos ámbitos, de modo particular, en las relaciones entre poderes públicos. Para el Derecho europeo los intereses públicos deben protegerse siempre con pleno sometimiento a las reglas y principios del Derecho primario y derivado. La pertenencia a este nuevo ámbito supuso la plena operatividad y eficacia en España de un ordenamiento jurídico y la necesidad de adaptar el Derecho interno a las exigencias que requería su cumplimiento.

Uno de los ámbitos en los que más incide el Derecho de la UE es en la contratación pública, de modo especial, en las relaciones entre administraciones públicas cuando tengan por objeto relaciones de esta naturaleza.

En esta obra se analizará de forma detallada cual es el alcance de la obligación de licitación en las relaciones entre entes públicos, los requisitos y condiciones que exige la jurisprudencia para poder actuar de forma conjunta sin la obligación de incoar un procedimiento de adjudicación, la regulación que contiene el poder normativo europeo e interno sobre esta cuestión, haciendo referencia a sus insuficiencias y se terminará con una referencia a algunos ejemplos de cooperaciones públicas directas admisibles y prohibidas.