El Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (ALRSAL) obedecía, sin lugar a dudas, a los aires de racionalización organizativa pública derivada de los principios y objetivos de estabilidad presupuestaria, contención y reducción del déficit público y reequilibro institucional de los sistemas de endeudamiento público. El propio título del Anteproyecto ya ponía claramente de manifiesto la intención de articular una modificación efectiva y profunda de determinados aspectos del gobierno local tendentes a la consecución de los objetivos políticos transversales de estabilidad y racionalización presupuestaria en el conjunto de las Administraciones públicas españolas.

El problema es, como se desarrolla en el presente estudio, que algunos de estos cambios, en algunos casos reformas en profundidad de la propia configuración constitucional de las entidades locales en nuestro ordenamiento, pueden plantear, por la intensidad de su configuración como mecanismos de intervención externa o por su mismo dudoso encaje con los parámetros normativos actuales de configuración del modelo local, serias dudas de viabilidad y conveniencia, y de ajustamiento al orden constitucional, aunque, como también se analizará, el resultado final plasmado en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre no haya tenido la intensidad y profundidad que destilaba el ALRSAL en su momento.