Desde la aprobación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales se ha convertido en un factor clave para la eliminación o control de los riesgos que, en las organizaciones, pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. La reforma del marco normativo que tuvo lugar a raíz de la promulgación de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, supuso la introducción de uno de los aspectos esenciales de los sistemas de gestión de la prevención, como es la implantación y la aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que incluya la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción preventiva.

La vocación universal de la LPRL y su normativa de desarrollo supone su aplicación, con carácter general, a las relaciones de carácter administrativo y estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Así se reconoce en el art. 3 de la LPRL, que establece, regulando su ámbito de aplicación, que cuando la norma haga referencia a “trabajadores” y “empresarios” deben entenderse incluidos, también, el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta servicios. Por tanto, resulta imprescindible dotar al personal de las entidades locales de las herramientas teórico-prácticas necesarias para llevar a cabo una eficaz gestión de la prevención de riesgos laborales y más teniendo en cuenta las peculiaridades que la gestión de la prevención supone en el ámbito local, debido especialmente a la diversidad de puestos de trabajo y funciones realizadas, pero también al elevado número y a la dispersión de los centros de trabajo municipales.

La pandemia de COVID-19 puso a prueba los sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales tanto en el sector público como en el privado, pero ¿hemos aprendido, cuatro años después, a darle valor a la prevención de riesgos laborales? ¿nuestras administraciones públicas están preparadas para el reto que supone afrontar los riesgos emergentes a los que se enfrenta la administración del siglo XXI?

Cargos electos, personal directivo, personal funcionario con habilitación de carácter estatal y personal empleado público de las entidades locales con titulación superior, media o asimilada, que tengan a su cargo funciones relacionadas con la materia objeto de la actividad formativa. Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admitida las personas solicitantes que presten servicios en la Junta de Andalucía u otras administraciones y entidades públicas.

1. Conocer el marco jurídico-técnico de la prevención de riesgos laborales.

2. Comprender los diferentes modelos organizativos que pueden implantarse en las Administraciones locales para la gestión de la prevención.

3. Saber diferenciar qué responsabilidades tiene la entidad local y cuáles son las obligaciones del servicio de prevención ajeno en el marco de la actividad preventiva concertada por la entidad.

4. Proporcionar pautas de actuación para gestionar eficazmente la prevención de riesgos laborales e implantar una adecuada gestión documental.

5. Conocer los diferentes tipos de riesgos y priorizar la aplicación de medidas preventivas o correctoras.

6. Valorar el coste de la no-prevención.

7. Implantar un modelo de autoevaluación y mejora del cumplimiento de los requisitos legales.

Unidad didáctica I: marco jurídico-técnico y organización preventiva en las entidades locales.

1. El marco jurídico - técnico de la prevención de riesgos laborales. Ámbito de aplicación y excepciones a la universalidad de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

2. Modalidades de organización preventiva. El concierto de la actividad preventiva: herramientas para una interlocución eficaz con el Servicio de Prevención Ajeno.

3. Derechos, obligaciones y responsabilidades. Más allá de la obligación: la cultura preventiva.

4. La participación y representación de los empleados públicos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Competencias y facultades de los Delegados de prevención y del Comité de Seguridad y Salud.

Unidad didáctica II: gestión práctica de la acción preventiva.

1. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

2. La evaluación de los riesgos y la planificación de la actividad preventiva.

3. Aspectos clave sobre la obligación de informar y formar a los empleados públicos.

4. Introducción a los riesgos en los ámbitos de la seguridad en el trabajo e higiene industrial. La disciplina de ergonomía y psicosociología aplicada.

Unidad didáctica III: actuaciones preventivas generales.

1. Aspectos clave sobre la vigilancia de la salud de los empleados públicos.

2. Actuación ante la existencia de personal especialmente sensible.

3. Otras actuaciones preventivas: el proceso de compras, mantenimientos preventivos y coordinación de actividades empresariales.

4. La investigación de accidentes y el coste de la no-prevención.

Unidad didáctica IV: estrategias para la integración de la prevención.

1. Claves para la integración de la Prevención de Riesgos laborales en el sistema general de gestión de la entidad local.

2. La introducción de la perspectiva de género en la prevención de los riesgos laborales.

3. Revisión y control del sistema de gestión. Autoevaluación y mejora del cumplimiento de los requisitos legales.

4. Gestión documental. Registros obligatorios y registros “voluntarios” pero imprescindibles.