El curso busca la puesta al día y la profundización en relación con la responsabilidad de las entidades locales.

Las Leyes 39 y 40/2015 introducen matices que pueden afectar a las entidades locales. Pensemos en la nueva regulación de la responsabilidad patrimonial derivada de leyes inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión europea (arts. 32-4 y 32-5 de la Ley 40/2015. Más recientemente, el TJUE ha dictado, el 28 de junio de 2022, una sentencia que declara que el régimen de responsabilidad patrimonial del legislador por leyes contrarias al Derecho europeo, es contrario a los principios de efectividad y equivalencia. Además, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el sentido y alcance de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones en la sentencia 112/2018; y sobre los problemas competenciales en la STC 79/2019.

La Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, al propiciar una reasignación de competencias y el refuerzo del papel de las Diputaciones, sobre todo en municipios de menos de 20000 habitantes, da pie a plantear cuestiones como la determinación del sujeto responsable y la responsabilidad concurrente; incluso tras las SSTC 41 y 111/2016.

El curso, sin olvidar los fundamentos teóricos de la responsabilidad patrimonial, busca sobre todo atender a los aspectos prácticos. Así, se considera prioritario el análisis de la jurisprudencia más reciente, civil, contencioso administrativa y en su caso del TEDH. También se tratará de incitar al diálogo a los participantes, a fin de poner en común cuestiones que se les suscitan en su práctica profesional diaria. En este sentido, ediciones anteriores demuestran que lo más enriquecedor estriba precisamente en el diálogo permanente entre los participantes.

A efectos de una mejor comprensión de la materia, a lo largo del curso se irán formulando casos prácticos, a fin de que todos los participantes puedan aportar ideas para su resolución. Además, se realizarán asimismo videoconferencias, unas sobre un tema escogido por la profesora, y otras a modo de foro de dudas y discusión general. En estas videocharlas, resultará esencial la participación activa del alumnado, a fin de que resulten más fructíferas.

Cargos electos, directivos, funcionarios con habilitación de carácter estatal y empleados públicos de las Entidades Locales con titulación superior, media o asimilada, que tengan a su cargo funciones relacionadas con la materia objeto de la actividad formativa. Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admitidos solicitantes que presten servicios en la Junta de Andalucía u otras Administraciones y Entidades Públicas.

1. Comprensión, a nivel teórico y a nivel de práctica procesal, de los problemas sustantivos generales sobre la responsabilidad patrimonial.

2. Análisis de la regulación del procedimiento para exigir responsabilidad patrimonial en la Ley 39/2015; con especial hincapié en el problema de la prescripción y su casuística y en los problemas relativos a los casos en que media contratista o concesionario interpuesto.

3. Análisis y comprensión del funcionamiento de las acciones de regreso frente a autoridades y funcionarios; así como, en sentido inverso, de la responsabilidad que los funcionarios públicos podrían exigir por los daños causados en acto de servicio o por riesgos derivados de su cargo.

4. Análisis de la problemática procesal ligada a la responsabilidad patrimonial, incluyendo los casos en que uno de los sujetos es la compañía aseguradora; lo que resulta sobre todo relevante para quienes se dedican al ejercicio de la Abogacía, pero que también resulta conveniente conocer a todos los que se dedican profesionalmente a la responsabilidad patrimonial.

5. Comprensión de los supuestos, régimen jurídico y peculiaridades de la responsabilidad patrimonial derivada de actuaciones urbanísticas, tanto lícitas (por ejemplo, vinculación singular) como ilícitas (anulación de planes, licencias, o instrumentos de gestión).

Unidad didáctica I: fundamento, requisitos y procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial. Responsabilidad por hechos jurídicos y por actos jurídicos:

1. Responsabilidad de la Administración local por funcionamiento normal: estándares y deber jurídico de soportar el daño.

2. Responsabilidad por funcionamiento anormal: estudio especial de la responsabilidad por omisión.

3. Responsabilidad por hechos jurídicos y por actos jurídicos.

4. Procedimiento para exigir la responsabilidad patrimonial.

5. La indemnización.

6. Responsabilidad del Estado legislador: En especial, la nueva regulación de la responsabilidad derivada de leyes inconstitucionales o de leyes contrarias al Derecho de la Unión europea.

7. Responsabilidad patrimonial y enriquecimiento injusto.

8. Responsabilidad de autoridades y funcionarios.

9. El funcionario público como sujeto damnificado.

Unidad didáctica II: responsabilidad por daños causados en la ejecución de Contratos del Sector Público:

1. Responsabilidad patrimonial de la Administración local y responsabilidad del contratista: ¿exclusividad, solidaridad, subsidiariedad?

2. Responsabilidad del contratista: ¿Responsabilidad objetiva, o responsabilidad exigible conforme a las reglas jurídico-civiles?

3. Procedimiento para exigir la responsabilidad cuando media contratista o concesionario en los contratos administrativos: ¿Subsiste la potestad de decisión ejecutoria de la Administración contratante?

4. Procedimiento para exigir la responsabilidad en caso de contratos privados.

5. Problemas procesales

Unidad didáctica III: responsabilidad concurrente. Responsabilidad patrimonial y compañías de seguros:

1. Responsabilidad concurrente de la Administración local y otras Administraciones: supuestos.

2. Concurrencia de responsabilidades entre la Administración y uno o varios particulares.

3. Problemas procesales de la concurrencia de responsabilidades.

4. Responsabilidad patrimonial y seguros de responsabilidad civil.

Unidad didáctica IV: responsabilidad patrimonial por actos urbanísticos

1. Responsabilidad en caso de cambios lícitos de planeamiento: modificaciones anticipadas, inejecución imputable a la Administración y vinculaciones singulares. El problema del fuera de ordenación.

2. Responsabilidad derivada de la declaración de nulidad del planeamiento.

3. Responsabilidad derivada de la anulación de licencias, denegación improcedente y demora injustificada en su otorgamiento.

4. Responsabilidad derivada de la extinción y modificación de licencias.

5. Otros supuestos: en especial, informaciones urbanísticas erróneas, ocupación directa y la no terminación de la ejecución del planeamiento.