La potestad sancionadora de las Administraciones públicas ha alcanzado en España un desarrollo que resulta desconocido en otros países de nuestro entorno. No hay prácticamente sector de la intervención administrativa (tráfico, sanidad, medio ambiente, urbanismo, seguridad ciudadana…) cuya legislación no prevea un amplio catálogo de infracciones y sanciones administrativas. De esta manera, la potestad sancionadora se ha convertido en un instrumento esencial de respaldo del cumplimiento de los deberes y prohibiciones normativamente establecidos, así como de la propia actuación de las Administraciones Públicas. Además, se trata de una potestad con importantes implicaciones jurídicas, cuyo correcto ejercicio por parte de las Administraciones públicas requiere unos especializados conocimientos teórico-jurídicos y prácticos. En ese contexto, son también amplias las competencias sancionadoras atribuidas a las Administraciones locales, cuyo desarrollo, partiendo del régimen general, presenta importantes singularidades. Todo ello justifica un estudio monográfico sobre las mismas.

Cargos electos, directivos, funcionarios con habilitación de carácter estatal y empleados públicos de las entidades locales con titulación superior, media o asimilada, que tengan a su cargo funciones relacionadas con la materia objeto de la actividad formativa. Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admitidos solicitantes que presten servicios en la Junta de Andalucía u otras administraciones y entidades públicas.

1. Análisis de las instituciones básicas del Derecho Administrativo Sancionador.

2. Análisis de la regulación general de esta materia contenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3. Análisis del alcance de las competencias sancionadoras de las Administraciones locales, prestando especial atención a la posibilidad de tipificación de infracciones y sanciones a través de ordenanzas locales.

4. Análisis de los presupuestos, condiciones y límites para un ejercicio práctico correcto por parte de las Administraciones locales de su potestad sancionadora.

Unidad didáctica I: Cuestiones generales sobre el Derecho Administrativo sancionador

1. Derecho penal y Derecho Administrativo Sancionador.

2. Concepto de sanción administrativa y diferenciación de otros actos de gravamen.

3. Clases de sanciones administrativas: generales y disciplinarias.

4. El concepto de infracción.

5. Marco constitucional y legal de la potestad sancionadora de las Administraciones locales.

6. La prohibición de doble castigo (non bis in idem) y la concurrencia de responsabilidades.

Unidad didáctica II: Las garantías sustantivas del Derecho Administrativo sancionador. En particular, la reserva de Ley y su singularidad en el ámbito local

1. El principio de legalidad: tipicidad, reserva de Ley y la prohibición de retroactividad in peius.

2. Singularidad de la reserva de Ley en el ámbito local: la posibilidad de tipificar infracciones y sanciones por ordenanza local.

3. La culpabilidad. La proporcionalidad y la determinación de la sanción.

4. La prescripción de las infracciones y sanciones.

Unidad didáctica III: El procedimiento administrativo sancionador en la Administración local I

1. Las garantías aplicables al procedimiento administrativo sancionador (derechos del art. 24.2 CE trasladables).

2. La regulación del procedimiento administrativo sancionador: normativa estatal, autonómica y local.

3. Las fases del procedimiento sancionador, su contenido y separación.

4. La fase de iniciación y las actuaciones previas.

Unidad didáctica IV: El procedimiento administrativo sancionador en la Administración local II

1. La fase de instrucción (escrito de alegaciones, trámite de prueba, la propuesta de resolución, el trámite de audiencia y vista del expediente). En especial, el valor probatorio de las actas de inspección y los boletines de denuncia.

2. La fase de terminación (resolución sancionadora, contenido, motivación, posibilidad de apartarse de la propuesta).

3. Plazo máximo de duración del procedimiento sancionador y caducidad.

4. La ejecutividad de las sanciones.