La Ley de la Función Pública de Andalucía supone un hito en el proceso de adaptación de las Administraciones Públicas al siglo XXI. Así, tiene como objetivo implantar una mejor gestión de los recursos humanos, que permita contar con los los mejores profesionales y, por tanto, prestar un servicio público de excelencia.

De manera más concreta se destacan los fines de esta Ley:

1. Actualización del régimen jurídico de la función pública, debido a que la normativa vigente se aprobó hace 37 años y a que en Andalucía no se ha desarrollado la legislación básica estatal 15 años después de la aprobación de Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Abordar en una única norma la regulación de todas las materias que integran el régimen jurídico de la función pública, para evitar la dispersión y el vacío normativo existentes en muchas cuestiones, dar seguridad jurídica, y ofrecer una regulación integradora y coherente adaptada a la transformación digital, orientada a la calidad de los resultados, transparente, eficiente, con capacidad de atraer el talento, y con flexibilidad suficiente para adaptarse a los cambios de la sociedad, la tecnología y la innovación.

3. Regular por primera vez en una ley autonómica el personal del conjunto de las Administraciones Públicas andaluzas, respetando las competencias propias de cada una de ellas, la autonomía local y universitaria, y la legislación estatal de carácter básico.

Conscientes de la importancia de la participación y del diálogo social en una materia de tal trascendencia y repercusión en la Administración andaluza, se ha articulado un proceso de elaboración del texto articulado donde se constituyeron grupos específicos de trabajo con participación de personal experto de la Administración de la Junta de Andalucía, de la Universidad y de la Asociación de Dirección Pública Profesional, así como de los sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.

Como culmen de este proceso de diálogo social cabe destacar que la negociación en la Mesa General, tras más de siete jornadas de negociación, concluyó con un acuerdo por unanimidad sobre el contenido global de dicho texto.

Cargos electos, directivos, funcionarios con habilitación de carácter estatal y empleados públicos de las entidades locales con titulación superior, media o asimilada, que tengan a su cargo funciones relacionadas con la materia objeto de la actividad formativa. Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admitidos solicitantes que presten servicios en la Junta de Andalucía u otras administraciones y entidades públicas.

1. Conocer cuáles son los antecedentes de esta ley, sus fines y objetivos fundamentales, ámbito objetivo y subjetivo de aplicación y estructura, entrada en vigor y otros aspectos generales de su contenido.

2. Analizar detalladamente la regulación de la Dirección Publica Profesional.

3. Estudiar las novedades introducidas por la Ley en instituciones jurídicas tales como promoción profesional, evaluación del desempeño, ordenación del empleo público, acceso al empleo público, retribuciones, situaciones administraciones, régimen disciplinario etc.

4. Obtener información teórico- practica de la aplicación de la administración electrónica al ámbito de la gestión de los recursos humanos en las Administraciones Públicas.

1. La transformación de la Administración Pública como motor de cambio económico y social en Andalucía.

2. Aplicación de la nueva Ley Andaluza al ámbito de las entidades locales de Andalucía.

3. Novedades de la Ley de la Función Pública de Andalucía: los procesos selectivos; la formación como derecho y como deber; provisión de puestos de trabajo y movilidad; carrera horizontal y evaluación del desempeño.

4. Novedades de la Ley de la Función Pública en Andalucía: potestades administrativas, retribuciones, ordenación del empleo público, situaciones administrativas y régimen disciplinario.

5. Novedades de la Ley de la Función Pública de Andalucía: La Dirección Publica Profesional; Derechos, deberes, código de conducta y responsabilidad.