El refuerzo de las políticas de integridad institucional constituye, en el contexto actual, una exigencia altamente demandada por la sociedad para superar la grave crisis de legitimidad que experimentan las instituciones públicas y la actividad de gestión asociadas a las mismas. Por ello, resulta necesario recurrir a nuevos mecanismos que tengan capacidad de adaptarse a las demandas que se formulan por los ciudadanos, exentos de la rigidez y falta de flexibilidad que ofrece el ordenamiento jurídico.

A tal fin, a lo largo del presente estudio se analizará la dimensión ética en la gestión pública, en un contexto fuertemente marcado por el ordenamiento jurídico y una administración basada en un esquema de organización y funcionamiento altamente normativo. Como un recurso a explorar se expondrá la hipótesis de la utilización de la integridad institucional como precursora de un modelo que permita trasladar las técnicas de compliance al ámbito de la administración pública, a través de los códigos éticos como instrumentos que permitan incorporar políticas de cumplimiento normativo.

Para ello, en el Capítulo I comenzamos con un examen a la ética contemporánea y su introducción en el ámbito del sector público y en el ordenamiento jurídico. Ordenamiento jurídico que se detallará con profundidad a través de las principales normas que contemplan este tipo de regulación, con especial protagonismo en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Continúa el Capítulo II, y con carácter previo a entrar con detalle en la configuración del Compliance, abordando la dicotomía entre el recurso a las normas o a los instrumentos de soft law como vías para facilitar la interiorización de la dimensión ética en la gestión pública, examinando las principales trazas normativas y las características de los códigos éticos, en sus diferentes modalidades y denominaciones.

En el Capítulo III y dado el amplio elenco de sujetos que integran la administración pública, actores fundamentales en todo el proceso de mejora e implantación de los sistemas de integridad institucional y partiendo de su distinción más primigenia, el plano político y el plano administrativo, se investigan los diferentes modelos adoptados desde el punto de vista del enfoque subjetivo, así como los distintos tipos de responsabilidad que pueden aplicarse desde el punto de vista de la actual configuración normativa, y extendida a sectores de diferente naturaleza, desde el puramente disciplinario, hasta el civil, pasando por el de mayor gravedad, el penal.

El Capítulo IV arranca con la evolución, en el sector privado, de la responsabilidad social corporativa hacia las políticas de compliance, desde sus orígenes y la introducción en nuestro modelo con el perfil dibujado por el Código penal, delimitando con claridad los requisitos legalmente exigidos, y los primeros pasos de la jurisprudencia en la materia. Asimismo, se profundiza en las aristas que conforman los modelos de compliance para posibilitar su traslación a los modelos de integridad institucional de la administración pública mediante una técnica en particular, los códigos éticos que, a tal fin, se presentan como las herramientas con mayor nivel de adaptación y ductilidad en su conversión.

Finalmente, en el Capítulo V, se analizan las principales dificultades existentes, y para su solución formulan una serie de propuestas de futuro que permitan la mejora del actual ecosistema normativo, en particular, a través de tres ejes, la modificación de la Ley de Transparencia, la nueva LCSP y la propuesta de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección del Denunciante, completado con el análisis detallado con los obstáculos que la configuración de la administración local plantea para trasladar esta técnica.

En definitiva, tal y como se expondrá en las conclusiones finales, se trata de avanzar en el análisis y estudio de los nuevos paradigmas en que se mueve una administración hasta ahora, fuertemente burocratizada y lastrada por posiciones de superioridad frente a una sociedad que demanda una mayor participación, la apertura de los procesos de decisión y una gestión transparente orientada hacia el buen gobierno, hacia una buena administración, y que debe encaminarse hacia las políticas de gobierno abierto, como exige una sociedad democrática avanzada.